BASE Investigaciones Sociales

En este año 2019 los gremios del agronegocio hicieron uso de todo su poder de presión para lograr imponer sus intereses por sobre el bien común. Mediante una fuerte presión política lograron influir en la Reforma Tributaria, frenaron la aprobación del Tratado de Escazú, tomaron el control del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), impusieron la derogación del Protocolo de Desalojos y lograron que el Ministerio de Agricultura establezca controles aún más laxos para la aprobación de transgénicos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a cargo del político colorado Rodolfo Friedmann, aprobó ayer la liberación y el uso comercial de 13 nuevas variedades de semillas genéricamente modificadas. Los 13 nuevos productos transgénicos son variedades de soja, maíz y algodón que según la información brindada por el propio MAG pertenecen a las trasnacionales INDEAR, BASF, Syngenta, Dow y Monsanto, este es el mayor paquete de transgénicos aprobados en la historia del país.

Según señaló Jorge Méndez, representante de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 10,7% de la población pasa hambre en el país. El modelo de agronegocios que se impuso en el país ha dejado sólo el 1% del territorio nacional en manos de pequeños agricultores campesinos, quienes son los que producen alimentos diversificados y saludables, y que podrían ayudar a paliar esta situación.

El Presidente Mario Abdo Benítez y el Ministro de Agricultura, Rodolfo Frieddman confirmaron que el nuevo titular del instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) será Mario Vega, conocido activista de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, uno de los gremios más poderosos vinculados al agronegocio y a la producción extensiva de soja. Vega es también militante del Movimiento Colorado Añetete y estará a cargo del ente encargado de la política de tierras, donde los conflictos entre sojeros y campesinos que reclaman la protección y recuperación de sus territorios son permanentes.

El Seminario Internacional “Avancemos a la Soberanía Alimentaria” reunirá a importantes promotores de la soberanía alimentaria el próximo jueves 4 de setiembre en la Biblioteca del Congreso Nacional desde las 13:30 horas. El evento es impulsado por BASE-IS junto a la Alianza Biodiversidad y busca resaltar la importancia de avanzar en la soberanía alimentaria para garantizar el desarrollo sostenible de los pueblos en contraposición al modelo de agronegocios y sus graves consecuencias para los mismos.

El pasado 14 de agosto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un contundente dictamen donde señala que el Estado paraguayo es responsable de violaciones de Derechos Humanos debido a las fumigaciones masivas con agrotóxicos que en 2011 afectaron a decenas de campesinos y campesians de la Colonia Yerutí y causaron la muerte de Ruben Portillo, un joven agricultor que vivía en el lugar. El paso del tiempo no ha frenado a los responsables directos de las fumigaciones, ni ha impulsado al Estado a tomar medidas de protección en favor de los campesinos, al contrario, la Colonia Yerutí se ha convertido hoy en un territorio arrasado por el agronegocio.

La resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto al caso conocido como “Colonia Yerutí” insta al Estado paraguayo a realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos que causaron la intoxicación de varias personas, incluidos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos. En el dictamen publicado hoy en Ginebra, los expertos del Comité instaron a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación; “además el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro” señala la publicación.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6341/19 por la cual se modifican los artículos 6 y 7 de la Declaración como Área Silvestre protegida de la Cordillera del Ybytyruzú, con la promulgación de estas modificaciones queda totalmente prohibida la explotación minera en la zona de la Cordillera. Organizaciones vecinales celebraron la adopción de la ley y señalaron que es fruto de la lucha de la población por la defensa de los recursos naturales y la vida.