“Paraguay responsable de fumigaciones masivas con agroquímicos”
La resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas respecto al caso conocido como “Colonia Yerutí” insta al Estado paraguayo a realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos que causaron la intoxicación de varias personas, incluidos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos. En el dictamen publicado hoy en Ginebra, los expertos del Comité instaron a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación; “además el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro” señala la publicación.
“Paraguay responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos” dice la ONU.
En Enero del 2011 la comunidad de Yerutí, ubicada en el distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú, al centro Este de la geografía paraguaya, fue víctima de una masiva intoxicación por uso de agrotóxicos por parte de sojeros que rentaban tierras en zonas cercanas a la comunidad. En la comunidad habitan unas cuatrocientas personas aproximadamente, que sufre sostenidamente el embate de las fumigaciones sojeras, esta situación llegó a un extremo cuando el 6 de enero de 2011 falleció, a consecuencias de las pulverizaciones, al agricultor y padre de familia Rubén Portillo (26). Ante esta situación Base Investigaciones Sociales y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) en representación de las víctimas y familiares de víctimas del hecho presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a finales del año 2013.
“El proceso penal no tuvo avances durante un largo tiempo, por eso se recurrió al Comité basados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” señaló Abel Areco, abogado y parte del equipo de BASE-IS, agregando que ocho años despues el caso no ha sido resuelto por los tribunales nacionales dejando en la impunidad el hecho. El Comité de Derechos Humanos, un órgano independiente compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos; dado que Paraguay ratificó en 1995 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité tiene el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte.
“Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité. El Comité solicitó a Paraguay que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes. La omisión del Estado parte en su deber de proteger (…) permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agro tóxicos prohibidos. El Comité concluye que fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte. Por lo tanto, el Comité declara la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio.
“Este fallo representa un precedente importante ya que este tipo de casos son constantes en el país; a partir de ahora queda claro que las fumigaciones masivas con agrotóxicos son una amenaza a la vida y el Estado tiene la obligación de proteger a la población” añadío Abel Areco.