Tierra, territorio y bienes comunes

El 24 de diciembre del 2015 detonó nuevamente el conflicto en los Chimalapas. En San Francisco La Paz, comunidad perteneciente a Santa María Chimalapas, detuvieron a cuatro veracruzanos que invadían con nuevos asentamientos los bienes comunales chimas.

Berta Cáceres, hondureña, fue asesinada. Su hija Berta Zúñiga no duda un instante en fincar responsabilidades. “Responsabilizamos a la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco. En reiteradas oportunidades la amenazaron indirecta o directamente, y habían pagado a sicarios en varias oportunidades para asesinarla”.

Por primera vez condenaron a un empresario que violó fajas que protegían a bosques nativos en Salta y sembró 10.000 hectáreas. Deberá pasar seis meses en prisión. La medida es festejada por ambientalistas, ya que sienta jurisprudencia.

Quatro meses depois do rompimento da barragem em Mariana, a Fundação Oswaldo Cruz segue monitorando as ações de remediação e o acordo anunciado entre a Samarco, o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, diretamente envolvidos na tragédia.

Alrededor de cien comunidades nativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, en Loreto, ven peligrar su titulación debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cumple con desembolsar el segundo presupuesto asignado para dicho fin.

Tras 10 años de lucha, la comunidad de San Francisco ‪#‎Xochicuautla‬ logró la suspensión definitiva del decreto de expropiación de su territorio, suspendiendo así la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que pone en grave peligro el territorio comunal otomí.

"Con motivo de tal día, el Observatorio del Cambio Rural quiere compartir con los lectores de su boletín los documentos, artículos e infografías sobre las condiciones en las que vive y resiste la mujer rural en relación al acceso a la tierra y al territorio".

Decimos NO al DESALOJO de las 330 familias campesinas sin tierras, del Distrito de Yvyrarobaná, Departamento de Canindeyú, quienes ya están asentadas en unas 4.499 hectáreas de tierras de origen público, que fueran adjudicadas de manera ilegal en el año 1969 a una empresa mercantil, entidad no sujeta a la Reforma Agraria.