México: Chimalapas en conflicto
El 24 de diciembre del 2015 detonó nuevamente el conflicto en los Chimalapas. En San Francisco La Paz, comunidad perteneciente a Santa María Chimalapas, detuvieron a cuatro veracruzanos que invadían con nuevos asentamientos los bienes comunales chimas.
Por Josefa Sánchez Contreras
Los días 20 y 21 de enero en la subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reunieron el comisariado y autoridades de Santa María Chimalapas, comisionados de San Francisco La Paz, comisionados de la congregación Benito Juárez perteneciente a San Miguel Chimalapas, representantes de la Secretaría de Gobierno, Segob, los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Profepa, PGR, Maderas del Pueblo, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y abogados independientes.
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Días antes de la negociación, el 14 de enero, los gobiernos habían anunciado el acuerdo de establecer una Base de Operación Mixta (BOM) en puntos estratégicos de los Chimalapas y aprobaron el despliegue de las policías estatales de Oaxaca, Chiapas y el Ejército federal en la zona. El consejero jurídico Víctor Hugo Alejo, quien lleva el caso de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, informó sobre la operación, asegurando que los gobiernos de ambos estados procurarían que las cuatro personas retenidas en San Francisco La Paz fueran procesadas por la vía legal. Esta respuesta del Estado ya es conocida pues la ejecutó en el 2011 sin desalojar a los invasores ni resolver el conflicto de fondo.
Las mesas de negociación fueron entonces un protocolo repetido que fungió como legitimador, por las partes firmantes, de lo acordado el 14 de enero por los gobiernos federal, de Oaxaca y Chiapas, al hacer asumir a los representantes de San Francisco La Paz el compromiso de plantear a la asamblea comunal la entrega de los retenidos a la fiscalía general.
Mientras, los desalojos de invasores quedaron en la sala de espera de la autoridad jurisdiccional, con el cobijo de un discurso institucional que promete resolver por la vía constitucional un conflicto antiguo, aunque la vía legal demuestre estar en el cadavérico expediente de la Controversia Constitucional emitido en 2012. La cuestión agraria quedó replegada al penúltimo punto, como una simple mesa de trabajo que prometen coordinar Oaxaca y Chiapas después de que la autoridad jurisdiccional apruebe el desalojo de las invasiones.
Abordar el trasfondo del conflicto de los Chimalapas plantea las cuestiones agrarias, lo que implica poner el dedo sobre la llaga.
Las llamadas invasiones chiapanecas por el oeste de Chimalapas es la historia de tsotsiles y zoques desplazados de sus territorios por la implantación de la presa Malpaso en Chiapas. Responden a estrategias de reubicación en tierras comunales, dentro de los limites Chimalapas-Cintalapa, ejercidas por los gobernadores Absalón Castellanos, quien explotó con aserraderos madereros toda la zona limítrofe, y Patrocinio González Garrido de quien se identificaron personas ligadas a él operando en La Gringa, el punto actualmente invadido; durante su gobierno obstaculizó la conciliación de campesino a campesino emprendida en 1991 por los comuneros chimas.
En 1972, la Secretaria de Reforma Agraria, dotó 40 mil hectáreas a nuevos asentamientos y expropió 14 mil más en 1974 para recientes pobladores chinantecos. Lo que generó arbitrariedades para cobijar el poderío caciquil en la zona en conflicto y fomentar el enredo legislativo.
La colindancia norte de Chimalapas con Veracruz, el punto donde el problema se manifiesta actualmente, se genera por la reubicación (a lo largo del sur de Uxpanapa y en parte de las tierras comunales de Chimalapas) de chinantecos desplazados de sus tierras comunales por la construcción de la presa Miguel Alemán, o Cerro de Oro.
Allí hubo una creciente demanda de tierras en los setenta, fomentada por el aumento poblacional de las comunidades y los desplazamientos forzados, agudizados por conflictos políticos, religiosos y por los proyectos desarrollistas.
El conflicto agrario se debe a diversos factores, no es tan simple como condenar a los invasores chiapanecos o veracruzanos; no es un conflicto entre estados, en el fondo lo que esconde el discurso de la soberanía estatal es el reflejo de los grandes rezagos agrarios de México.
La segunda cuestión es la aletargada disputa territorial por los intereses económicos capitalistas que acechan la selva zoque, un complejo biodiverso que abarca Uxpanapa, El Ocote y Chimalapas. A ello, Andrés Aubry (“Los Chimalapas: enredo legislativo y reserva estratégica”, en Los llamados de la memoria, 2003) le atribuyó el proyecto alpha-omega de los años setenta, ubicando la zona como una poderosa reserva hidráulica y biogenética, donde la SARH contempló un megaproyecto con desviación de ríos mediante trasvases y túneles, cinco presas de almacenamiento y mil kilómetros lineales de canales de riego. El conjunto suponía un peligroso cambio de orientación de los ríos con trastornos de sus cuencas naturales, para llevar el agua hacia la vertiente del Pacífico y potenciar el entorno del puerto de Salina Cruz con su refinería. Se contemplaban brechas, ingenios, piscicultura con agua fresca en la costa y monocultivos mecanizados y con agroquímicos.
A esto se suma la explotación forestal desde la época colonial. La Real Corte de Arboladura generó un circuito comercial en Nueva España, extrayendo madera en rollo, sobre todo pino, de Santa María Chimalapas sacados por el río del Corte a Veracruz y a la Real Astilleros de la Habana. El comercio continuó en la Independencia y las leyes deslindadoras implantaron los primeros aserraderos, como Mexican Land and Colonization Company. Para mediados el siglo XX los aserraderos siguieron explotando 164 mil hectáreas de bienes comunales limítrofes de Chiapas y Oaxaca, evidentemente cobijadas por instancias gubernamentales. Así, la manipulación legislativa ha premiado intereses privados, con lo que se generó un enredo agrario.
El problema actual se centra en las 7 mil hectáreas de San Miguel Chimalapas concesionadas por la Secretaría de Economía a la canadiense Minaurum Gold, que busca extraer oro, cobre y otros minerales. El sistema de explotación de mina a cielo abierto atenta contra los ríos Espíritu Santo y Ostuta, que nacen en el corazón de la selva y abastecen a los pueblos binniza’ e ikoots en la planicie sur del Istmo de Tehuantepec. Por ello, el 18 de octubre del 2014, en un foro informativo realizado en San Miguel, los pueblos pronunciaron un rotundo rechazo a la explotación del territorio.
Se tienen antecedentes de un proyecto de base militar en tierras comunales, algo riesgoso ante los megaproyectos que acechan el territorio, donde se juegan diversos intereses económicos, ya que la zona también es un paso de migrantes centroamericanos.
Aubry detectó con mucho tino que el escándalo ecológico y la cuestión agraria replantean problemas analizados y solucionados en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en, con la propuesta de regulación comunitaria de los megaproyectos que afectan a indígenas. Ello se reflejó en los acuerdos del EZLN y el gobierno federal en la segunda parte de la plenaria Resolutiva del Tema Uno sobre Derechos y Cultura Indígena, donde la delegación del EZLN señaló la falta de solución al grave problema agrario nacional y en la necesidad de reformar el Artículo 27 Constitucional, para retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: “la tierra es de quien la trabaja” y “tierra y libertad”. También se expresó que en un desarrollo sustentable resulta insuficiente que el gobierno indemnice a los pueblos indígenas una vez ocasionado el daño en sus tierras y territorios. Es necesaria una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos; que contemple los costos sociales de los proyectos de desarrollo.
En los Chimalapas están en juego conceptos y decisiones claves de los Acuerdos: territorio (“la asociación tierra–territorio” dice el documento), administración colectiva de recursos naturales y autonomía.
El incumplimiento de San Andrés es parte medular del conflicto de los Chimalapas. Mientras no exista una nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado, las mesas de negociación seguirán propiciando que el Estado incumpla con la libre determinación de los pueblos indígenas, aletargue los rezagos agrarios y legitime los despojos de territorios ancestrales.
Fuente: La Jornada