Tierra, territorio y bienes comunes

Los delitos medio ambientales son el tercer delito más lucrativo del mundo, por detrás del narcotráfico y el contrabando, sobre todo por el tráfico ilegal de especies y los delitos forestales. Voces de todo el mundo abogan por la regulación del delito de ecocidio y su inclusión como delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que regula las competencias de la Corte Penal Internacional.

En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

La activista brasileña ofreció un breve pero potente discurso donde cuestionó falsas promesas y señaló el papel principal de los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático. Miembro del pueblo Suruí, Txai es estudiante de derecho y fundadora del Movimiento de Juventud Indígena de Rondônia, en el norte de Brasil.

Ejidatarios, comuneros colonos, trabajadores del campo, ambientalistas y pobladores anunciaron que ante la falta de respuesta de todos los niveles del gobierno y el avance desmedido del cultivo de aguacate y la tala ilegal, conformarán el un comité de defensa del bosque de San Pedro Piedras Gordas en Michoacán.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) emprendió una serie de iniciativas para que las autoridades de Ecuador y Perú declaren en emergencia la cuenca binacional Puyango Tumbes y reparen a las poblaciones afectadas por la contaminación.

Mujeres agricultoras de diferentes puntos del país hablan de la importancia que tiene la sanción de una ley que permita el acceso a la tierra para producir. Precisan la persistencia de barreras para la igualdad de género, la necesidad de repartir las tareas con los varones y cómo, en diferentes geografías, van construyendo un “feminismo popular y campesino”.

Em carta enviada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mais de 200 entidades questionam políticas ambientais e de direitos humanos da empresa.

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.