Tierra, territorio y bienes comunes

"Un recorrido actual por el territorio histórico mapuche mostrará al visitante hidroeléctricas, forestales, petroleras, salmoneras, megaproyectos turísticos, celulosas, centrales de paso, mineras y una serie de otras “inversiones” en lugares donde hasta hace tres décadas apenas había llegado el Estado".

"O que leva 10 mil pessoas às ruas de Correntina (BA)?. Para os manifestantes a instalação dessas fazendas é o fim do Rio Arrojado do qual dependem diretamente para produzir e viver".

Luis Tayori, líder de ascendencia harakbut y fiscal de la nueva junta directiva del ECA Amarakaeri denunció que amenazas a la Reserva Comunal Amarakaeri continúan su avance y exhortó a las autoridades a frenar la minería ilegal.

La Aldea la Cumbre Chamche se encuentra en el municipio de Tactic Alta Verapaz, en el territorio del pueblo maya Q’eqchi’, 25 familias que viven ahí no pudieron visitar a sus difuntos en el Día de todos los Santos, este 1 de noviembre. Fueron desalojados por el Estado de Guatemala de la finca donde ellos han vivido, desde que fueron mozos colonos.

“Los Gobiernos de Finlandia y Noruega están tratando de ilegalizar la pesca del salmón practicada por el pueblo sami y otorgar nuevos derechos de pesca a los ricos que han construido cabañas en nuestras tierras. Es un robo a plena luz del día. Se nos niega el derecho a nuestra cultura y el acceso a una de las fuentes de alimentos fundamentales en el Ártico.”

Sólo 16 grandes propietarios y empresas en la lista de los 100 mayores latifundistas poseen 456 mil hectáreas; la mayor parte de ellos tienen también estancias agroganaderas en el Brasil; 300 mil familias paraguayas no tienen acceso a la tierra.

"Si se compara este mapa con el anterior, del año 2015, se puede ver que el área transformada es de exactamente 1’462.839 hectáreas, lo que equivale al 1,86 por ciento del área total de Colombia. La región del Caribe tuvo el mayor porcentaje de transformación (con el 8,3 por ciento de su área), seguida de la región Andina (con el 2,67 por ciento)".

Tem visto um preocupante agravamento dos impactos socioambientais de atividades extrativas e os relaciona à flexibilização das legislações ambientais e de direitos territoriais e ao crescimento da violência e da criminalização dos movimentos sociais.