Soberanía alimentaria

La empresa agroexportadora Vicentin SAIC es un grupo que posee alrededor de 25 empresas, y que creció vertiginosamente en los últimos años. En el año 2015 ocupaba el puesto 19 entre las compañías de mayor facturación en Argentina, y a fines del 2019 asciende al 6to lugar. Exportaba alrededor del 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos, constituyéndose en la primer cerealera de nuestro país. Además gestionaba otros negocios relacionados con el sector: carne vacuna, curtiembres, lechería, industria algodonera entre otras. Por otra parte, a partir del desguace de la Junta Nacional de Granos en 1991, posee el puerto de San Lorenzo, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario; dicho Puerto es el más importante de la hidrovía del Paraná y está considerado el puerto en dónde circula el mayor volumen de granos de soja en el mundo.

Lxs invitamos a participar del webinario dictado por Fernando Frank el día jueves 18 de junio a las 11 hs Argentina con el objetivo de profundizar en el debate de la agroecología para la soberanía alimentaria como respuesta a las crisis. Debate necesario y reavivado en estos momentos en que la pandemia y el aislamiento están siendo aprovechados por el capital concentrado para hacer mega negocios.

A fines de 2019 Vicentin anunció “estrés financiero” y explotó la bomba: sus 5.000 trabajadores con un nudo en la garganta, igual que miles de productores y acopios que entregaron el grano pero jamás cobraron. Las alarmas también sonaron (tarde) en el sistema financiero donde la empresa tomó préstamos millonarios a paso redoblado durante el último tramo del gobierno de Macri, para quién hizo fuertes aportes de campaña.

Suiza, Noruega y Liechtenstein exigen en sus acuerdos de libre comercio con los países del Sur Global leyes de protección de las obtenciones vegetales más estrictas que las que ellos mismos aplican. Con este doble rasero, los países de la AELC socavan el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y ponen en peligro el derecho a la alimentación y la soberanía.

11 de Junio del 2020 | Desde el 1 de abril está vigente la Consulta pública del Servicio agrícola y ganadero (SAG) sobre la resolución exenta que «Establece normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado», en otras palabras, busca el establecimiento de nuevos criterios para el cultivo de transgénicos en Chile.

Días atrás, el Inta aprobó un protocolo de certificación agroecológica para la producción de todas las quintas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), resaltaron a AIM desde la organización y añadieron: “comenzamos a dar un paso histórico para nuestra organización: validar las buenas prácticas que venimos construyendo hace años a través de una certificación participativa”.

En distintos países donde está presente la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Via Campesina) hemos visto cómo, en medio de la crisis socioeconómica provocada durante la pandemia, las organizaciones de campesinos y campesinas garantizan, una vez más, el alimento para los pueblos. Alimentos agroecológicos entregados a través de canastas o comercializados en mercados de cercanía, semillas nativas y criollas que se intercambian para sembrar ahora y cosechar en unos meses.

El anuncio reciente (8/06/2020) del presidente Alberto Fernández, sobre la intervención y posible expropiación de la empresa Vicentín, pone sobre la mesa un debate que es vital para un país que genera divisas con la exportación de productos agropecuarios, pero también expone con claridad la necesidad, cada vez más imperiosa, de la disputa de sentidos.