Stop países de la AELC que socavan los derechos de los agricultores a las semillas

Estimadas Ministras, estimados Ministros:

En los países del Sur Global la mayor parte del suministro de semillas proviene de los diversos sistemas de semillas campesinas. Un pilar central de estos sistemas son los derechos a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas (incluidas las semillas protegidas). Sin embargo, el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV (UPOV 91) priva a los agricultores del derecho a intercambiar y vender semillas o material de propagación protegidos. Incluso reservar y resembrar semillas de la propria cosecha en sus propios campos está prohibido para la mayoría de las especies vegetales y restringido para otras. De este modo, el Acta de la UPOV 91 no sólo pone en peligro el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, sino que también constituye una amenaza para la agrobiodiversidad. La diversidad de variedades conservadas en los bancos de genes y cultivadas en campos y jardines de todo el mundo, que es un recurso indispensable para la obtención de nuevos cultivos, depende del funcionamiento de los sistemas de semillas campesinas. Si destruimos estos sistemas, perjudicamos a la humanidad en su conjunto. Los peligros de las leyes inadecuadas de protección de las obtenciones vegetales han sido destacados por muchos informes1 y estudios diferentes en los últimos años, incluyendo  un informe de 2015 del Secretario General de la ONU.

Durante muchos años, los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) han obligado a los países en desarrollo a adoptar leyes de protección de las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91 mediante acuerdos de libre comercio (TLC). La lista de países que se han visto obligados a adherirse o a estar en consonancia con UPOV 91 incluye a Marruecos (TLC 1999), Jordania (2002), Líbano (2007), Egipto (2008), los Estados centroamericanos (2014) e Indonesia (2018). Actualmente se están negociando varios otros acuerdos de libre comercio, que también contienen el requisito de la UPOV.

Irónicamente, Suiza, Noruega y Liechtenstein han optado por no cumplir con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. En 2005, el Gobierno noruego rechazó una propuesta de adhesión a la UPOV 91 y decidió mantener los derechos consuetudinarios de los agricultores a conservar y utilizar las semillas y el material de propagación conservados en la explotación. La ley suiza de protección de las obtenciones vegetales permite que el material de siembra o propagación sea conservado en la finca para diversos cultivos, como el trigo o la patata, sin ningún límite ni pago de regalías. Esta fue una de las principales peticiones de los agricultores cuando se negoció la ley en el parlamento. Así pues, aunque Suiza ratificó el UPOV 91, no está en consonancia con sus requisitos. Una ley de este tipo impediría que cualquier país candidato se adhiriera a la UPOV. Liechtenstein no tiene ninguna ley de protección de las obtenciones vegetales y no es miembro de la UPOV. Por consiguiente, no ha respetado los acuerdos de libre comercio que ha firmado en los últimos 20 años.

Exigir a los países en desarrollo leyes que ustedes mismos consideran incluso inapropiadas es hipócrita e injusto. Tanto más cuando los derechos de los agricultores son aún más importantes para la seguridad alimentaria en los países del Sur global que en Suiza, Noruega o Liechtenstein. Tratar de imponer leyes a los países del Sur Global, que fueron redactadas sin su participación, es un dictado neocolonial que va en contra de sus intereses. Esos países tienen el derecho y el deber de elaborar las leyes y políticas relativas a las semillas que mejor se adapten a su sistema agrícola y a las necesidades de su población, teniendo siempre en cuenta el derecho de los agricultores a participar en los procesos de toma de decisiones, tal como se ha establecido en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO (TIRFAA). Es inquietante ver que los países ricos de la AELC corren el riesgo de poner en peligro la capacidad de los países para elaborar leyes adaptadas a sus necesidades y hacer uso de las flexibilidades que ofrece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.

Por todos estos motivos, les instamos a que eliminen de sus mandatos de negociación de futuros acuerdos de libre comercio las demandas de leyes de protección de las obtenciones vegetales compatibles con la norma UPOV 91. Este sería un paso importante hacia una mayor justicia y una contribución significativa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Firmantes iniciales:

• Alliance Sud (Switzerland)
• Brot für Alle (Switzerland)
• Consumers’ Association of Penang (Malaysia)
• Development Fund (Norway)
• Fastenopfer (Switzerland)
• Grain (International)
• HEKS (Switzerland)
• Indonesia for Global Justice – IGJ (Indonesia)
• Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (Liechtenstein)
• Public Eye (Switzerland)
• Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth, Malaysia)
• Swissaid (Switzerland)
• Tellerrand – Verein für solidarisches Handeln (Liechtenstein)
• Third World Network (Malaysia)
• APBREBES (International)