Megaproyectos

Representantes de 43 comunidades mayas de la Península de Yucatán exigieron que se ejecute la ley para detener los megaproyectos que dañan el agua y el territorio y demandaron “detener la siembra de arroz en Hopelchén, pues no es una zona idónea para ello» así como «retirar los permisos a las megagranjas que están dañando nuestros territorios y nuestros cenotes; y prohibir el uso de agroquímicos en áreas sensibles para los mantos acuíferos”.

Las licencias otorgadas a la empresa Deselec 1 para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 fueron revocadas y declaradas ilegales en el municipio de Ahuacatlán, Puebla, «ya que fueron otorgadas de manera irregular pues no cumplieron con los requerimientos de ley» y luego de que se reconoció que el megaproyecto «pondría en riesgo los derechos de comunidades totonacas que habitan en el municipio», explicó el Consejo Regional Totonaco en defensa del río Ajajalpan.

"La  Machi  (Médico  Mapuche)  Millaray  Huichalaf  es  una  autoridad  ancestral  y  líder  de  la  comunidad  que  hoy  defiende  el  río  Pilmaiquén  de  la  construcción  de   una  represa  que  inundaría  lugares  sagrados  para  los  mapuche  williche  que  han   habitado  ahí  desde  tiempos  prehispánicos,  y  que  fueron  desplazados  por  la   colonización  española  primero,  y  por  la  del  Estado  chileno  después".   

Pueblos zapotecos e ikoots (huaves) asentados en territorio istmeño de Oaxaca rechazaron el megaproyecto ferroviario e industrial denominado patio de maniobras, a cargo de la empresa Interoceánica, como parte del Corredor Transístmico que promueve el gobierno federal. Consideraron que se trata de una imposición porque no se ha realizado una consulta conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

A 26 años de haberse levantado en armas en el sureste del país, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reafirmó la lucha de los pueblos indígenas contra los megaproyectos promovidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que defenderán a la tierra «hasta morir si es preciso».

La concesionaria Cohidro, encargada del proyecto Hidrovía Amazónica, comunicó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) su desistimiento de continuar con el proyecto.

Desviación del Arroyo Bruno, para beneficiar la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, El Cerrejón, atenta contra los derechos de las comunidades indígenas wayuú y afrodescendientes. Leobardo Sierra de la comunidad Wayuú "El Rocío", La Guajira, Colombia habla al respecto.

A pocos kilómetros de Pucallpa, la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya, aún resiste. El conflicto territorial que sostienen con una empresa de palma aceitera es su defensa eterna por la tierra y el medio ambiente.