Hidroeléctrica Rositas: indígenas y ambientalistas temen reactivación de polémico proyecto

La posibilidad de que el megaproyecto se reactive ocasionó la reacción inmediata de las organizaciones indígenas, ambientalistas y sociales que cuestionan la construcción de la hidroeléctrica.

En un comunicado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) manifestó que no le corresponde a este ministerio –Ambiente y Aguas– manifestarse a favor de proyectos que no han cumplido con los requisitos necesarios y no cuentan con estudios que demuestren viabilidad económica.

Al contrario, Contiocap ha solicitado que se proceda con “la anulación del proyecto Rositas”, una obra que en el año 2018 fue suspendida debido al rechazo de agricultores y ganaderos guaraníes de los municipios de Vallegrande, Gutiérrez, Cabezas, Postrervalle y Lagunillas que resultarían afectados por el proyecto energético, así como por los cuestionamientos sobre su viabilidad económica.

Los reclamos llevaron a la ministra Pinckert a retroceder en sus declaraciones y aclarar que hubo una mala interpretación de la reunión que tuvo con las autoridades de Santa Cruz. “Quiero dejar sentado algo que nos ha estado golpeando durante estos días, el proyecto Rositas en este gobierno de transición no va”.

Sin embargo, la posibilidad de que se reactive el proyecto Rositas sigue presente, por lo que nuevamente ha surgido la controversia sobre esta represa que afectaría a pueblos indígenas y a un área natural protegida.

Cuestionamientos a la viabilidad de Rositas

“Creo que el rechazo a sus intenciones [del Ministerio del Ambiente y Aguas] tuvo efecto, pero el proyecto Rositas no está sepultado”, señala el científico Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

Según el investigador, los grandes intereses que existen detrás de los más de 1500 millones de dólares que se invertirían en la hidroeléctrica Rositas mantiene vigente la intención de llevar adelante esta obra. “Hay intereses grandes ligados al sector agroindustrial para que se construya Rositas, aunque ahora esté a cargo de una empresa china, siempre se beneficiarán los subcontratistas locales con parte del presupuesto”, explica Solón sobre los intereses de las empresas locales detrás del proyecto energético.

La hidroeléctrica se construiría sobre el río Grande, en Santa Cruz, cerca de la confluencia con el río Rositas, sobre una extensión de 150 000 hectáreas y generaría entre 400 a 600 megavatios (MW). Esta represa, además, es parte de un complejo de siete hidroeléctricas que abarcarán los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca y en conjunto aportarán 3000 MW a un Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“El problema del mercado energético de Bolivia es que la hidroeléctrica Rositas aumentaría en 600 MW nuestra capacidad en un contexto en el que ya superamos los 3000 MW en el país y no consumimos ni 1600 MW”, explica Solón sobre los cuestionamientos económicos a la propuesta del ex presidente Evo Morales, de que Bolivia se convertiría en el centro energético de Sudamérica con Santa Cruz como el polo de desarrollo. “No sabemos qué hacer con el excedente. Hasta ahora no hay ni un solo contrato de exportación de energía”, agrega.

Los cuestionamientos a Rositas no se quedan en lo económico. Según el Informe de diseño final de la central hidroeléctrica, elaborado en el 2017 por la empresa española Eptisa, la mega hidroeléctrica provocará una inundación de 449 km2, una superficie equivalente a tres veces la zona urbana de La Paz.

“Si se construye será el tercer lago más grande de Bolivia. Afectará a tres áreas protegidas: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños y Reserva Municipal de Parabanó», explica Solón.

El experto también señala que existe otro inconveniente: una falla geológica en la zona en la que se construiría la represa. “El gran problema de Rositas es que podemos estar en una situación similar o peor a Hidroituango en Colombia”, agrega el experto para señalar que puede llegarse a instalar una megaobra que nunca entre en funcionamiento y que, por el contrario, genere un daño ambiental como ya ocurrió con la hidroeléctrica colombiana.

Según datos de la Gobernación de Santa Cruz –publicados en un informe de la Fundación Solón–, Postrervalle está en la zona de la falla geológica de Mandeyapecua, que abarca Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija en sus zonas arenosas y se extiende por los municipios que serán afectados por la represa e hidroléctrica: Gutiérrez, Cabezas y Vallegrande. En algunos de esos sectores, además, existen antecedentes de sismos de gran magnitud.

El rechazo de los pueblos indígenas

El líder indígena Alex Villca, representante de Contiocap, no cree que el proyecto vaya a frenarse, por lo tanto, los pueblos indígenas mantendrán su resistencia a la construcción de esta represa y de otras grandes obras de infraestructura que amenazan sus territorios.

“Han declarado públicamente la intención de reactivar este proyecto duramente cuestionado en el gobierno de Evo Morales porque, según dicen, se trata de un sueño anhelado del pueblo cruceño. Nosotros rechazamos esta infraestructura de la muerte”, dice Villa sobre las declaraciones de la ministra Pinckert, quien al mismo tiempo que anunció que la hidroeléctrica Rositas no se verá durante el actual gobierno dijo que “el ministerio tiene que buscar que haya agua y parte del agua es tener más plantas, por tanto, vamos a buscar proyectos”.

«Los pueblos indígenas reunidos en la Contiocap estamos en alerta permanente –dice Villca– y vamos a movilizarnos en las calles y carreteras si es necesario». También recordó que los pueblos indígenas siguen esperando una reunión con el gobierno de transición para presentar sus inquietudes y dialogar sobre los temas que les concierne a sus comunidades. “Esperamos que se concrete nuestro pedido. No es posible que se siga el mismo sistema y método [del gobierno de Evo Morales] para vulnerar los derechos de la naturaleza”.

Gary Rodríguez, presidente del Concejo Municipal de Vallegrande e integrante de Contiacap, también alerta sobre la inviabilidad del proyecto. “El impacto ambiental y social será enorme. Hablamos de 12 comunidades indígenas y por lo menos 500 familias que resultarán afectadas con el muro de la represa si esta se ejecuta”.

En un manifiesto público, las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Rositas, reunidas en un Comité de Defensa, se declararon “en estado de emergencia y movilización permanente ante cualquier intento de reactivar la construcción de la ‘represa de la muerte’ ”, como la llaman los pueblos indígenas.

“Hasta ahora, han sido estas comunidades las que han logrado frenar el proyecto”, dice Rodríguez y afirma que para Vallegrande el proyecto solo trae perjuicios.

La primera vez que se propuso este proyecto energético fue en 1963, cuando se realizaron los primero estudios. Una década más tarde, en 1973, bajo el régimen de Hugo Bánzer, se creó una asociación para el proyecto Rositas en el Río Grande y se realizaron dos estudios de factibilidad.

Es un proyecto que se ha reactivado en varias oportunidades en los más de 50 años que han pasado desde que se presentó por primera vez. Lourdes Miranda, lideresa de la de la comunidad indígena guaraní Tatarenda Nuevo, no entiende cómo un proyecto propuesto hace cinco décadas fue reactivado por un gobierno que aseguraba estar a favor del medio ambiente y que protege la Madre Tierra, en referencia a Evo Morales.

Miranda también menciona que hasta ahora no se ha realizado la consulta previa a los pueblos indígenas que resultarían afectados, como corresponde en estos casos según la ley boliviana y los acuerdos internacionales. “¿Dónde queda el derecho a la consulta previa libre e informada sobre los proyectos que van afectar su forma de vida? Eso no se ha tomado en cuenta para tratar de llevar a cabo este proyecto monstruoso”.

Con más de cinco décadas en la historia de Bolivia, Rositas es un proyecto polémico que hasta ahora no cuenta con un estudio de impacto ambiental concluido ni ha pasado por el proceso de consulta previa y que cada gobierno hace todo lo posible por reactivar.

Fuente: Mongabay Latam