Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El gobierno de Salvador Allende concluyó el proceso de la primera y única reforma agraria del Cono Sur, que puso 10 millones de hectáreas en manos del campesinado organizado en sindicatos comunales. El golpe militar de Augusto Pinochet, con respaldo terrateniente, respondió con una sanguinaria contrarreforma que concentró la tierra, privatizó el agua e instaló el monocultivo forestal.

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, se movilizó para impedir el cumplimiento de la orden de desalojo de la encargatura costera de Xayakalan y logró que el Tribunal Unitario Agrario dejara sin efectos la diligencia de ejecución.

En junio de 2023 la empresa solicitó al Ministerio de Energía ampliar el plazo de la ejecución del proyecto Central Rucalhue a 65 meses, lo cual fue aprobado por la cartera encabezada por Diego Pardow. mientras aún el titular busca que la hidroeléctrica sea declarada como interés nacional y se mantiene la criminalización de una decena de jóvenes movilizados en defensa del río Biobío.

Organizaciones de mujeres resisten el avance de un monocultivo que invade sus tierras y genera escasés y contaminación de agua. En este podcast, explican la situación que viven y su lucha. El trabajo fue realizado por los grupos Mujeres de la Costa de Chiapas ante la Palma Aceitera y Mujeres de la Costa en Rebeldía, en colaboración con el WRM.

Un empresario y financista argentino que lidera el movimiento antimapuche se sumó a las operaciones de capitales árabes en Río Negro. Eduardo Maschwitz, con dos fracciones ubicadas cerca de lago Escondido y de la cordillera de los Andes, aparece en nueva documentación sobre la operación de tierras rurales de un empresario de la corona saudí en la Argentina.

El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas condenó el asesinato del líder del CONAIE y pidió que no quede impune.

América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).

La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.