Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.

Los conflictos sociales en el Perú se incrementaron a 207, luego que se registraran seis nuevos casos en relación de mayo a junio, revela un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo.

Habitantes de una veintena de ejidos en Puebla crearon el Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y del Territorio de la Sierra Norte de Puebla, para luchar contra la minería, la sobreexplotación industrial y la urbanización.

Tras la movilización social ocurrida en nuestro país a lo largo de 18 días, bajo el liderazgo del movimiento indígena, destacan algunos de los logros obtenidos.

El INTA confirmó la presencia de glifosato en el agua del partido bonaerense de Ayacucho. Los vecinos y vecinas denuncian fumigaciones sin control y señalan los impactos en la salud: problemas respiratorios, cáncer y abortos espontáneos. La ordenanza local contempla 500 metros libres de fumigaciones, pero desde la asamblea local afirman que no se cumple.

El pasado 4 de julio fue sin duda una fecha histórica para Chile, ya que por primera vez en su historia republicana, se entrega una propuesta constitucional para el país, redactada por un grupo de personas elegidas democráticamente, de manera paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios y con la presencia de listas de independientes.

Más de mil 200 representantes de los pueblos Masewal, Tutunaku y Mestizos de la Sierra Nororiental de Puebla, en México, acordaron por unanimidad no otorgar concesiones mineras en sus territorios. Esta medida fue adoptada debido a que no se han cumplido con las decisiones judiciales que ordenan la cancelación de concesiones mineras en sus territorios por falta de consulta previa.

Un juez de Mar del Plata dictó una medida cautelar que inhabilita el uso y liberación del trigo HB4 en territorio bonaerense hasta que se conforme una comisión que evalúe sus efectos. La sentencia responde a un amparo colectivo presentado por agricultores, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Destacan que la acción podría replicarse en otras provincias.