Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.

La madrugada del 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla en el estado de Morelos, para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Los elementos colocaron vallas metálicas para impedir que las personas defensoras de derechos humanos que se encontraban ahí para proteger su territorio pudieran volver a instalar el campamento. Posteriormente la Guardia Nacional permitió la entrada de maquinaria para reiniciar las obras de construcción que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades particularmente, las de los ejidos de Ayala, Morelos.

La comunidad menonita en el estado enfrenta sus propios lastres mientras las autoridades se muestran renuentes en la mayoría de los casos en atender los robos, despojo de bienes y cosechas y acaparamiento de tierras que cometen menonitas en contra de otros menonitas cada vez con mayor frecuencia, incluso con ayuda del crimen organizado.

Cerca de cumplirse un aniversario más de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, las cifras de asesinatos, persecución a lideresas y líderes sociales en Colombia son alarmantes, incluso en medio de la pandemia del COVID 19 que enfrenta el mundo, estas acciones de guerra no paran.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, la grave situación de derechos humanos contra nuestra organización.

En el proceso hacia la construcción y ratificación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha desempeñado un papel protagónico; sin embargo, está en deuda con el país, la comunidad internacional y con el planeta. Desde los años 70 los pueblos, las comunidades, los sindicatos, las organizaciones y los movimientos sociales han denunciado las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las grandes empresas en los territorios.

"Hacemos responsable a los Poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar en torno a las declaraciones del fiscal Sobko, quién estando en conocimiento del delito de incitación a la violencia (como se evidencia en sus declaraciones radiales del día de ayer) debería tomar medidas más contundentes que “pedir por favor en la radio que haya paz” así como de cualquier afectación que podrían sufrir en su integridad física los trabajadores residentes de las tierras del Proyecto Artigas, incluyendo a la propietaria de las mismas Dolores Etchevehere que es parte y se encuentra en el lugar".

Comunicado conjunto de la familia de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e  Indígenas de Honduras (COPINH), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las familias de los defensores del agua de Guapinol encarcelados ilegalmente tras el anuncio de la lista de finalistas por el premio Sajarov.