Piden a Honduras esclarecer hechos ilícitos denunciados en caso Berta Cáceres
La Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio por el asesinato en 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, afirmó este martes que continúa "preocupada" por el derecho a la verdad en este caso y pidió a Honduras esclarecer los hechos ilícitos denunciados en la causa.
En un comunicado de prensa, la Misión de Observación indicó que "sigue preocupada por el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos que llevaron al asesinato de la defensora de derechos humanos el 2 de marzo de 2016".
Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993, fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
La Misión señala que las pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el juicio contra el hondureño Roberto David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista, han revelado "indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, el COPINH, y la comunidad de Río Blanco, y en la planificación y logística del asesinato".
Los indicios consisten en "los chats y demás datos extraídos de los teléfonos del acusado y los (siete hondureños) ya condenados" por el asesinato, añaden las organizaciones que integran la Misión Calificada.
Indican que los chats evidencian "acciones de dudosa legalidad por parte de funcionarios públicos y la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa Desarrollo Energético (DESA)", de la que Castillo era directivo cuando Cáceres fue asesinada.
Las revelaciones apuntan "a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas", agrega la Misión.
Cáceres se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
IMPUNIDAD ESTRUCTURAL
La causa Berta Cáceres es un caso emblemático para Honduras y toda la región, añaden los expertos, que afirman que la impunidad estructural ha contribuido de manera significativa al aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
La impunidad provoca que los asesinado de defensores de la tierra "no sean investigados ni procesados adecuadamente", pero en el caso del crimen de Berta Cáceres "se han dado pasos sin precedentes hacia la verdad y la justicia" gracias a la perseverancia de su familia y el COPINH.
La Misión Calificada instó a las autoridades de Honduras a "tomar las medidas necesarias de manera inmediata para esclarecer los hechos denunciados en la Causa Berta Cáceres y así enviar una fuerte señal que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados".
El juicio por el asesinato de la ambientalista marca "un precedente para las generaciones venideras" y ha sido retransmitido por las redes sociales del poder Judicial de Honduras, pero sin la presencia de observadores nacionales o internacionales de derechos humanos, hecho que "limita la función de una observación técnica del proceso penal".
Las organizaciones de la Misión Calificada permanecen "atentas" al desarrollo del juicio y "vigilantes" ante cualquier incidente y detalle de las audiencias en procura de que se respeten las garantías judiciales y la debida diligencia en el proceso.
Fuente: SwissInfo