Perú

"Tradicionalmente, el Estado se ha desentendido de los productores agrarios. En las últimas décadas se ha volcado a apoyar a los grandes agronegocios exportadores, seducido por un discurso empresarial triunfalista que asegura que el Perú será en los próximos años uno de los diez principales exportadores de alimentos del mundo".

En 2021 se acaba la moratoria de 10 años para el ingreso de cultivos transgénicos al Perú, lo que debería suscitar intensos debates. A pesar de los muchos informes científicos que aseguran que los alimentos genéticamente modificados serían inocuos para el ser humano, millones de personas siguen desconfiando de ellos. No los quieren en su plato ni en sus campos. La tendencia parece sugerir que esta antipatía no disminuirá con más reportes científicos positivos. ¿Vivimos en un mundo irracional?, ¿odiamos lo verificable, como sugieren los que apoyan ciegamente todo lo que venga adornado con el rótulo de “científico”?, ¿o todo lo contrario?

Históricamente excluidos, discriminados, atacados, despojados, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, son las víctimas olvidadas de la pandemia del coronavirus. El gobierno demoró más de dos meses en reaccionar ante la grave crisis en estas poblaciones y anunciar algunas medidas, pero solo para la Amazonia. Medidas que, según denuncian dirigentes indígenas y especialistas, han quedado en el papel sin implementarse o son insuficientes. Según datos oficiales, el 25 por ciento de los peruanos son indígenas, es decir unos 8 millones, de los cuales algo más de 300 mil pertenecen a pueblos originarios amazónicos y el resto a comunidades andinas. Es en la Amazonia donde la pandemia golpea con más dureza. Ahí la situación es dramática. Organizaciones indígenas han demandado judicialmente al gobierno.

"Dicho reglamento pretende crear un sistema regulatorio que facilite la liberación de transgénicos en el Perú, violando la ley de moratoria de transgénicos vigente hasta diciembre de 2021 y aprovechándose de la situación actual de emergencia por la pandemia del Covid-19 y con un cuestionable apresuramiento, el INIA presentó el Proyecto RISBA ilegal, porque sólo podría ser aprobado con el cese de la Ley de Moratoria".

Frente a la publicación del proyecto normativo denominado “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)” con RM 0123-2020-MINAGRI, emitida el 27 de mayo del 2020, las organizaciones y personas de la Sociedad Civil firmantes se ven en la obligación de expresar su rotundo rechazo ante la promulgación de este proyecto por las siguientes razones:

A propósito de la exhibición del premiado documental “Hubo Blanco Río Profundo”, un grupo de militares (r) coludidos con una serie de ex políticos de derecha, junto con periodistas de publicaciones virtuales, han difundido algunos pronunciamientos denominando al ex miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, elegido democráticamente por el pueblo soberano, Hugo Blanco Galdós, como terrorista y asesino.

Al no recibir asistencia del Estado ante la pandemia de COVID-19, varias comunidades indígenas de la Amazonía peruana han optado por aislarse en la selva o en sus territorios ancestrales. Las comunidades no dependen de la medicina occidental y recurren a chamanes y guías espirituales para enfrentar al virus.

La alianza TICCA, que agrupa a más de 150 organizaciones de pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil, comprometidas con procesos de defensa territorial en más de 80 países, emitió una alerta [2] en solidaridad con la Nación Wampís para hacer eco de sus demandas por el respeto a los derechos a la salud, a la vida y al ambiente sano de los pueblos indígenas.