Perú

Información fue revelada por la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta de libre acceso que recogió y analizó datos sobre el impacto de proyectos en seis países de Latinoamérica.

"Nuestras organizaciones hicimos una petición para la ampliación de la moratoria que fue respaldada, en un corto tiempo, por 45.000 firmas de ciudadanos que fueron entregadas a todos los congresistas. Esta petición expresa nuestra preocupación por la débil institucionalidad en bioseguridad, la falta de una ley de bioseguridad que sancione los daños tal como lo plantea el Protocolo de Cartagena y que complete los estudios de línea de base de nuestra amplísima biodiversidad".

La compañía maderera Inversiones La Oroza registra un historial de sanciones administrativas, multas, y un bloqueo en Estados Unidos, pero el gobierno regional de Loreto le ha otorgado cinco concesiones forestales para la extracción de madera del corazón de la Amazonía. OjoPúblico accedió a información que confirma que estos bosques fueron otorgadas después de que se conocieran sanciones en marcha y permitieron a la empresa continuar exportando hacia México y República dominicana. Fiscalías presentarán acusación contra esta y otras 10 empresas involucradas en la exportación de madera de origen ilegal hacia México y los Estados Unidos. Hace unos meses, un banco privado benefició a esta empresa con un crédito de Reactiva Perú.

Trabajadores rurales peruanos levantaron los bloqueos de la principal ruta del país suramericano este viernes en la noche, minutos después de que el Congreso acogiera una de sus demandas y derogara una cuestionada ley agrícola.

A más de 3.550 metros sobre el nivel del mar, Beatriz Huisa Cahuana, productora ecológica y lideresa, vive la emoción del próximo funcionamiento de nuevos invernaderos que beneficiarán la alimentación de las familias en Sachac, su comunidad altoandina en Quiquijana, Cusco.

Informe del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos muestra imágenes satelitales sobre la deforestación de bosque virgen en Loreto, ocasionada por la empresa Cacao del Perú Norte, en el marco del caso Tamshiyacu.

El ensayo que reproducimos a continuación tiene como propósito evidenciar los límites del discurso que justifica la asignación preferencial de tierras y recursos a los grandes agronegocios por parte del Estado. Analiza críticamente las dinámicas de desarrollo que genera esta actividad en la provincia de Virú, departamento de La Libertad; localidad en la que se ubica uno de los principales enclaves agroindustriales en el Perú, y donde se asientan miles de familias proletarias dependientes de dichas empresas.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) alertaron que durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), del proyecto Hidrovía Amazónica duplicó las áreas donde se dragarían los ríos (se consultó de 13 áreas y posteriormente se habló de 24).