Perú

Ante la falta de acción del Estado por solucionar la contaminación de metales tóxicos en la cuenca del río Coata, pobladores de Puno iniciaron una protesta indefinida. La población se ve afectada en su salud, ya que el agua para consumo humano tiene metales tóxicos causada por actividades mineras.

La ley 29811 que fijaba una moratoria de 10 años señala que se debía “desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de Organismos vivos modificados (OVM), comúnmente conocidos como transgénicos”. El pasado martes 20 de Octubre, el pleno del congreso aprobó con 104 votos ampliar la moratoria al ingreso y producción de los OVM hasta diciembre del 2035 (Guerra, R., 2020). Pero ¿entendimos los peruanos de a pie qué causaría el ingreso de la semilla transgénica al territorio peruano? Las posiciones son bastante encontradas a favor y en contra de su entrada. Intentaremos responder a las múltiples preguntas que devienen del uso de transgénicos, de forma razonada, documentada, con opiniones consistentes de respetados expertos, dando luces a los lectores de nuestra posición en contra de la entrada de los productos transgénicos al Perú. 

El fuego no da tregua. Entre enero y octubre de este año se reportaron 13.085 focos de incendio en el país, de los cuales 2.522 han ocurrido en territorios indígenas, según la organización Amazon Watch.

Está en marcha el plan de rehabilitación del proyecto de exploración minera Río Blanco, de capital chino y ubicado en comunidades campesinas de Piura. Este pretende ser impuesto por el Gobierno, a pesar de que no cuenta con licencia social y es rechazado por la población. A raíz de esto, se advierte un inminente conflicto social.

Solo en lo que va del 2020 se han deforestado 780 hectáreas, lo que representa el 25% del total de hectáreas deforestadas en los últimos cuatro años.

La iniciativa legal favorece a las empresas Tamshi S.A.C. (Tamshiyacu), Ocho Sur P. S.A.C. (fundo Zanja Seca) y Ocho Sur U. S.A.C. (fundo Tibecocha) que carecen de certificación ambiental y son investigadas por el Ministerio Público y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Hace tres años, en una consulta popular, este pueblo del Tolima rechazó un proyecto de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti que pretendía explotar oro. Pero al mismo tiempo aceptó la entrada del aguacate hass, un monocultivo promovido por esa multinacional que hoy acapara tierras y amenaza el ambiente.

Una grave denuncia comparte la asociación Kené al alertar que una moratoria de dos años para las actividades agroindustriales que incumplen la normatividad ambiental y forestal favorecería la criminalidad en este sector.