Los límites del modelo agroindustrial

Crecimiento sin desarrollo: los límites del modelo agroindustrial como vía de bienestar

Por Ana Lucía Araujo

Introducción

2 de diciembre, 2020.- En medio de la peor crisis económica y social que ha vivido el país, hace unos meses el programa periodístico de mayor rating televisivo mostró un reportaje de tinte festivo. La noticia a celebrar: la consolidación del Perú como primer exportador de arándano en el mundo. Este sería un hito triunfal más en el marco del denominado ‘milagro agroindustrial’, periodo de casi dos décadas en las cuales el valor de las exportaciones de alimentos no tradicionales creció en más de 1,000% hasta alcanzar los 7 millones y medio de dólares en el 2019 (BCRP,2018; MINAGRI, 2019). De hecho, en el marco de la pandemia, esta actividad apenas ha sufrido contracciones significativas a lo largo del 2020 y, por el contrario, viene superando los valores que alcanzó el año pasado. (1) 

El espectacular crecimiento y resiliencia del sector agroindustrial tiene una explicación más terrenal que milagrosa. Este boom se cimienta desde inicios de la década de 1990, cuando el gobierno de Alberto Fujimori introdujo cambios normativos mayores (2) que revirtieron definitivamente las políticas agrarias heredadas del velasquismo y sentaron las bases para la neo-liberalización de del agro. Entre las principales, la habilitación y adjudicación preferencial de tierras fiscales con acceso a riego, y la reducción de costos tributarios y laborales (ley 27360) (3) todas medidas exclusivas para los grandes capitales privados (Eguren 2004, 2019). Se generaron así, las condiciones para la constitución de nuevos latifundios en la costa peruana, el ascenso de una nueva élite corporativa en el campo, y el posicionamiento del gran agronegocio exportador como vía única de desarrollo de la agricultura. En contraparte, el campesinado, otrora sujeto político del proyecto velasquista, quedó definitivamente relegado por el Estado y asociado discursivamente a la pobreza y sub-desarrollo. 

Pero ¿hasta qué punto se justifica la asignación preferencial de tierras y recursos a los grandes agronegocios por parte del Estado? Desde la narrativa del gremio agroindustrial, estas empresas contribuyen desde tres frentes principales: 1) la generación de divisas, vital para un país asfixiado por su dependencia de importaciones;  2) la innovación técnica y tecnológica para la producción agraria; y 3) la generación masiva de empleo formal  y sus efectos sobre la reducción de la pobreza en los territorios en los que operan las empresas. Se afirmaría, así, la viabilidad y sustantivas bondades de un desarrollo fundamentado en el acaparamiento de los recursos y la gran propiedad. 

Este ensayo tiene como propósito evidenciar los límites de este discurso. Para ello, analizamos críticamente las dinámicas de desarrollo que genera esta actividad en la provincia de Virú, departamento de La Libertad; localidad en la que se ubica uno de los principales enclaves agroindustriales en el Perú, y donde se asientan miles de familias proletarias dependientes de dichas empresas. Argumentamos que el crecimiento económico generado por las agroindustrias en esta provincia se cimienta en la consecutiva precarización del empleo; lo que afecta directamente la ya endeble capacidad del Estado para proveer servicios y protección social de los trabajadores, y restringe significativamente sus condiciones de vida y oportunidades de desarrollo. Veamos a continuación. 

1. La precariedad como base del crecimiento

No quepa duda que el boom agroindustrial ha generado un crecimiento demográfico y económico sin precedentes en Virú. Desde 1993 hasta el 2017, la población general de la provincia casi se triplicó pasando de los 36 mil a cerca de 100 mil habitantes (INEI, 1993, 2017). Por su parte, en el último periodo inter-censal (2007-2017), la PEA agropecuaria, segmento que incluye  a los trabajadores agroindustriales, creció en más de 40% hasta superar las 23 mil personas ocupadas en esta actividad. Así, gracias a la expansión de la actividad agroindustrial, la rama agropecuaria se ha constituido como la principal y casi única fuente de empleo formal en la provincia (MTPE). 

El continuo crecimiento del número de asalariados agroindustriales, no obstante, se ha sostenido sobre la progresiva precarización del empleo. Así por ejemplo, durante el periodo de auge de la producción de arándano (aproximadamente desde el 2013 en adelante), la variabilidad anual de la demanda de fuerza de trabajo agroindustrial aumentó significativamente (ver tabla 1); lo que nos refiere a una mayor rotación del personal contratado. Según los registros del seguro de salud agrario (ESSALUD) para el 2011, el promedio de meses de contratación de un trabajador agroindustrial era de 8.4 meses; por lo que podemos inferir que, actualmente, este periodo ha disminuido considerablemente. En otros términos, un trabajador agroindustrial regular puede pasar entre un cuarto y un tercio del año desempleado u ocupado, por necesidad, en la informalidad. 

En correlato, en contraste al incremento superlativo de la rentabilidad de los agronegocios, el salario de los trabajadores se halla estancado. Así, para el periodo 2014 y 2018 observamos una evolución muy leve y lenta del salario bruto mensual de los trabajadores agroindustriales; que se incrementó en un poco más de S/ 200 (4). No obstante, si incorporamos al análisis la inflación anual de precios –usando el cálculo elaborado por Cuadros (2018)–, los trabajadores apenas experimentaron un muy leve incremento o incluso vieron reducido su poder adquisitivo a pesar de tener un salario nominalmente mayor. Si retomamos que, en el mejor de los casos, el tiempo promedio de empleo de un trabajador agroindustrial era de 8.4 meses (cifra del 2012), estos habrían acumulado alrededor de S/ 10,777 a lo largo  del 2018 u S/ 898 mensuales; cifra por debajo de la remuneración mínima vital. 

Frente a la profundización de la precariedad de su situación laboral, los trabajadores tienen un acceso muy restringido a la organización y la protección de sus intereses. Así, a pesar del aumento exponencial de empleados, para el 2018 el porcentaje de asalariados sindicalizados en la provincia se redujo al 3%; menos de la mitad de lo que era 4 años antes. Es decir que, de los cerca de 36,000 trabajadores que en promedio emplearon las más de 10 agroindustrias que operan en Virú en el 2018, sólo 1,000 participan y se reparten entre las diferentes organizaciones sindicales. Como lo elaboran estudios previos sobre la dinámica laboral al interior de las agroindustrias, la gran debilidad de los sindicatos y ausencia de contrapesos en el sector agroindustrial se explica, además de la inestabilidad laboral, por la cultura institucional hostil, jerárquica y autoritaria que predomina en estas empresas para con los obreros (Gamero, 2012).  

Cabe resaltar que, en todos los casos, las mujeres trabajadoras agroindustriales son las más precarizadas: la rotación del personal femenino es más alto (su tiempo promedio de empleo al año es menor) y; dada su asignación a labores menos especializadas, la remuneración media que reciben también es significativamente menor que las de sus pares varones, alrededor de s/ 300 mensuales menos. En consecuencia, los ingresos mensuales y acumulados al año que reciben las mujeres, así como su afiliación sindical son todavía más bajos que la de los  trabajadores hombres (5). 

2. El Estado mellado desde dentro

La profundización de la precariedad laboral afecta directamente la (ya mellada) capacidad del Estado para proveer de una adecuada protección social a la población trabajadora. Tomemos el caso del sistema de salud. En el marco de la ley 27360 los trabajadores agroindustriales y sus derechohabientes (parientes directos como esposas e hijos) tienen derecho a estar afiliados al seguro de salud agrario (SSA) gestionado por ESSALUD. Si asumimos que por cada asegurado al menos 1.1 derechohabiente (7) también se afilió, para el 2017 la cantidad de afiliados debía haber superado las 47.000 personas (6) o representar cerca del 50% del total poblacional de la provincia. 

En la práctica, no obstante, el nivel de afiliación es bastante más reducido. Para dicho año, el censo reveló que sólo 39% de los habitantes de Virú estaba afiliado a ESSALUD; es decir, sólo 0.5 derechohabientes por cada trabajador contratado no migrante contaba con este seguro en el 2017. El limitado alcance del SSA se explica primero, porque el acceso y uso de este seguro está condicionado a un tiempo de servicio mínimo (7); valla cada vez más difícil de pasar para los trabajadores agroindustriales -especialmente mujeres y migrantes estacionales- ante la creciente inestabilidad de su contratación. De hecho, según lo reportado por ESSALUD, al 2015 el SSA es el único seguro en el que la cantidad de desafiliados a nivel nacional se ha incrementado año a año por motivos de rotación laboral (Velazco y otros, 2015). 

Un segundo factor explicativo tiene que ver con la deficiente provisión de este servicio en la provincia; incluso por debajo de la capacidad de atención que ofrecen otros servicios de salud estatales (MINSA). Así, en Virú, ESSALUD dispone sólo de dos establecimientos –un hospital de categoría menor y un centro de salud– para los más de 36.000 trabajadores agroindustriales y sus familias; respecto a los 18 establecimientos del MINSA en los que pueden atenderse gratuitamente y sin ningún condicionamiento los asegurados al SIS (RENIPRESS, 2015). Esto explicaría la creciente afiliación al SIS de la población viruñera, y las bajísimas cifras de atención que reporta el SSA a nivel nacional: para el 2015, sólo 29% de asegurados al SSA acudió a ESSALUD para atenderse mientras que el resto prefirió utilizar otro servicio o no acudir a ninguno (Velazco y otros, 2015). Los trabajadores tienen más incentivos para entrar al sistema de salud en su condición de pobres que en su condición de trabajadores. 

La extrema precariedad del servicio de salud provisto por ESSALUD a los trabajadores agroindustriales se explica, en mayor medida, por el reducido aporte que realizan las agroindustrias al SSA (Velazco y otros, 2015). En efecto, en el marco del régimen laboral especial estipulado por la ley 27360, los agronegocios contribuyen con porcentajes menores (8) a los realizados por las empresas sujetas al régimen laboral regular. Como resultado, para el año 2012, el SSA dependiente generaba un déficit anual de 93 millones de soles, el cual debió ser y continúa siendo asumido y financiado por el fondo del seguro regular de ESSALUD. 

En síntesis, ante un régimen y dinámica laboral que restringe el acceso al sistema de salud y perjudica la provisión de este servicio; son el Estado, los propios trabajadores y sus familias quienes subsidian el derecho a salud a través de sus ingresos personales y fondos públicos. Aunque no desarrollamos esto en el presente artículo, una situación similar pasa con los fondos de pensiones: la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones, y las restricciones etarias en las contrataciones (9) condicionan en mucho la capacidad de los obreros agroindustriales para generar y acumular aportes significativos a sus fondos pensionarios. Aquí también, al mediano plazo, el impacto de la carencia de protección social para adultos mayores será asumido plenamente por las nuevas generaciones trabajadoras y el Estado.

3. Reducidas oportunidades y álgidas externalidades 

Bajo estas condiciones, los hogares de trabajadores agroindustriales tienen limitadas oportunidades de desarrollarse. Tomemos como eje de análisis el ámbito educativo. Aunque el carácter urbano de la provincia ha asegurado un mayor acceso a la educación básica regular (EBR) para los trabajadores agroindustriales y sus familias, esto no se ha traducido en un logro diferenciado. Así por ejemplo, según el censo de 2017, un tercio de jóvenes ocupados en la rama agropecuaria de Virú sólo ha completado la primaria y apenas 1 de cada 10 tiene acceso a algún tipo de educación superior; patrón similar al de la población ocupada en la agricultura a nivel nacional. De hecho, según el índice de desarrollo humano de 2019, Virú es una de las provincias del país en la que menos años se estudia: sólo 6.5 años de escolaridad en promedio (PNUD, 2019) (10). 

Una primera determinante que condiciona el logro educativo son las retribuciones. Los reducidos e inestables ingresos que se obtiene del empleo agroindustrial no permitirían a las familias asumir los costos de educación superior; lo que incluye necesariamente, la migración de los jóvenes a ciudades capitales como Trujillo o Lima para acceder a institutos o universidades.  En correlato, otro factor importante es la limitada oferta de educación superior en la localidad. Aunque existe una regular cantidad de instituciones en la provincia (7 institutos superiores), casi la totalidad son centros técnicos-productivos (CETRPRO) que ofrecen certificación de rango menor y cursos vinculados al mercado de servicios urbano: cosmetología, confección textil o informática. Finalmente, y asociado a lo anteriormente mencionado, la demanda de trabajo en la provincia se reduce al empleo agroindustrial o al informal-urbano; todos trabajos caracterizados por la alta precariedad, salarios bajos, y restringida demanda de profesionales. Así, casi la totalidad (94%) de asalariados de la agroindustria en la provincia son contratados como trabajadores poco calificados (en la posición de obreros). (Fuente: INEI, 2017; Elaboración propia)

Aunque no se profundizó como parte de estudio, inferimos que las dinámicas y organización de los hogares de trabajadores agroindustriales también afectan la trayectoria educativa de los jóvenes de la provincia. En conjunto, esto explicaría que la educación superior no sea considerada una vía de desarrollo real para los jóvenes de Virú; e incluso, que terminar la secundaria carezca de sentido para varios de ellos. 

En la otra cara de la moneda, Virú es una de las provincias más violentas e inseguras del país gracias a la diversificada presencia de bandas criminales abocadas, principalmente,  a la extorsión. Así, en el 2017, Virú fue la quinta provincia con mayor tasa de homicidios dolosos y de homicidios calificados  en el país (INEI, 2018); y en el 2016, fue la primera a nivel nacional en tasa de homicidios por sicariato por encima de Lima (INEI, 2017). 

Aunque es necesario un estudio específico para profundizar en este fenómeno, no quepa duda que la actividad agroindustrial y la dinámica social que genera en su entorno territorial ha sido determinante en la criminalidad latente en Virú. Además de la precariedad económica y las limitadas oportunidades de desarrollo de los hogares, consideramos como factor clave el desorganizado y acelerado crecimiento de la población urbana producto de la migración. En efecto,  la constitución improvisada de cada vez más extensos asentamientos urbanos ha dificultado la cohesión de la sociedad trabajadora en torno a normas sociales e identidades compartidas; lo que, finamente, ha mellado la capacidad del colectivo para intervenir sobre el crimen y la violencia. Nuevamente aquí, son los hogares, sociedades locales y el Estado quienes asumen los costos materiales, sociales y de vidas humanas de la externalidad social generada por el crecimiento impulsado por la actividad agroindustrial. 

Reflexiones finales

Una economía fundamentada en la concentración de los recursos y desigualdad es difícilmente, funcional a un desarrollo agrario amplio, democrático y sostenible. Primero, porque esta lleva necesariamente a la concentración de la riqueza generada en un conjunto pequeño de propietarios; y, en segundo lugar, el poder excesivo que estos actores obtienen sobre la esfera pública. En la aspiración de hacer de este un modelo de desarrollo eficaz se requeriría, por lo menos, una institucionalidad pública sólida que sea capaz de:

Regular la organización productiva para re-distribuir amplia y suficientemente los ingresos generados por esta actividad entre la clase trabajadora, y

limitar a través de normas y fortalecimiento de la sociedad civil el poder que ostentan los grandes propietarios. En el caso peruano, no obstante, ha acontecido un proceso absolutamente contrario. El Estado ha establecido las condiciones normativas e institucionales para favorecer la acumulación de la renta y el poder de las corporaciones agroindustriales. Para ello, ha dotado a las agroindustrias de factores productivos a bajo costo y con mínimas regulaciones como tierra, agua y fuerza de trabajo. Asimismo, ha avalado su dominio total sobre las relaciones laborales, a partir de un régimen laboral que formaliza lo que para otros ámbitos llamamos informal: la extrema precariedad laboral, salarios reducidos, bajo o nulo contrapeso sindical, y la desprotección de los trabajadores. El desarrollo y bienestar de las sociedades locales en cambio, han sido subordinados al proyecto de crecimiento del agro corporativo. 

Este crecimiento sin desarrollo, como podemos denominar a la dinámica social impulsada por las agroindustrias en Virú, se caracteriza primero, por mantener a los hogares de trabajadores en un permanente estado de vulnerabilidad. Económicamente, ya que obtienen ingresos que los ubican apenas por encima de la línea de pobreza (Cozzubo y Herrera, 2015); y, socialmente, porque, como mencionamos, carecen de protección frente a riesgos inmediatos (enfermedad) y de largo plazo (envejecimiento). Segundo, es una dinámica que limita la dinamización de mercados laborales y educativos; lo que, como bien anota Cavero (2014), restringe las posibilidades de desarrollo inter-generacional y reproduce, más bien, el ciclo de vulnerabilidad para las nuevas generaciones. Finalmente, se caracteriza también por trasladar las demandas y externalidades negativas generadas por el crecimiento poblacional a la sociedad y el Estado.  Por dichas razones, el trabajo agroindustrial no es considerado una opción laboral idónea; sino que se trata de una ocupación y un modo de vida al que sólo los más pobres y carentes de oportunidades están dispuestos a someterse (Cavero, 2014). 

Quiero resaltar que los resultados del análisis presentado contrastan radicalmente, con aquellas interpretaciones que atribuyen el pobre nivel de desarrollo del país a una institucionalidad pública incapaz de traducir el crecimiento económico en desarrollo. Aquellas que diagnostican un “Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo” (Vergara, 2020). A contracorriente, el caso de Virú nos permite evidenciar que son las mismas medidas que permiten un crecimiento y enriquecimiento de tal nivel, las que precarizan la economía de los hogares, petardean la ya deteriorada institucionalidad pública presente a nivel sub-nacional y están correlacionadas a la endeble cohesión de las sociedades. 

Notas:

(1)  https://www.andina.pe/agencia/noticia-agroexportaciones-sumaron-5086-millones-entre-enero-ysetiembre-820785.aspx

(2) Si bien gobiernos anteriores tomaron varias medidas de corte contra-reformista, el gobierno fujimorista estableció las condiciones normativas para el giro neoliberal de la economía peruana, y específicamente de la actividad agraria. Entre las medidas normativas más importantes están: la nueva Constitución de 1993, la ley 26505 conocida como Ley de Tierras y la ley 27360 Ley de promoción del sector agrario. 

(3) Gobiernos posteriores, a pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, sostuvieron e incluso profundizaron en estas medidas como políticas de Estado (Eguren, 2019). 

(4) Véase análisis comparativo realizado por la página web Trabajo Digno (agregar referencia)

(5) Este incremento se explica no sólo por la dinámica del mercado laboral, sino por el aumento en la remuneración mínima vital dictaminada por el Estado. 

(6) Estimamos que los migrante estacionales que trabajan sólo temporalmente en las agroindustrias y laboran bajo  condiciones relativamente similares a las mujeres, afrontan situaciones parecidas.

(7) Proporción de derechohabientes asegurados para el año 2012 según cifras de ESSALUD recogidas por Velazco y otros (2015). 

(8) Esta cifra no considera a los derechohabientes de trabajadores migrantes estacionales, ya que asumimos éstos se hallan en otras provincias. 

(9) El trabajador debe haber aportado al menos 3 meses consecutivos o 4 meses de manera intermitente, 12 meses antes de la contingencia que requiere ser atendida.

(10) Desde la promulgación de la ley 27360, las agroindustrias sólo contribuían con 4% de los salarios de sus trabajadores (sin base imponible mínima); mientras que, a partir de la segunda extensión de la ley en el 2020 aportan sólo el 6%. Una empresa regular realiza un aporte de 9% del salario teniendo como base mínima imponible la remuneración mínima vital.

(11) Según cifras del MTPE, alrededor del 90% de los trabajadores agroindustriales de Virú son jóvenes o adultos jóvenes (18 a 44 años), mientras que la contratación de personal adulto consolidado (45 a 59 años) es bastante reducida (9%), dada la preferencia de contratar mano de obra idónea para labores físicas. 

(12) Según el índice de desarrollo humano elaborado por PNUD Virú es puesto 139 de 195 en la cantidad promedio de años que estudia su población, y puesto 109 de 195 en la cantidad de población mayor a 18 años que culminó la secundaria. Ambas cifras que nos datan de la problemática mayor de la educación secundaria y superior en la provincia.

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