México

El periodo de consulta pública en torno a cinco solicitudes de siembra de maíz transgénico a escala comercial, promovidas por parte de algunas de las industrias fabricantes de transgénicos ha terminado, allanando el camino para la aprobación por parte del gobierno mexicano de la siembra masiva de maíz transgénico en su centro de origen: México.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.

Expertos que han trabajado para Naciones Unidas analizaron diversos los casos de El Zapotillo, La Yesca y Las Cruces, entre otros. Pidieron parar las obras por violentar el derecho a la consulta, a la vivienda y al agua, entre otros.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dejó a la siguiente administración la responsabilidad de autorizar los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, la venta de los ingenios azucareros y la resolución final sobre la importación de papa fresca procedente de Estados Unidos.

Clamando consignas como: “Monsanto, tu maíz no es nada santo” y “Sin maíz no hay país”, ciudadanos y campesinos formaron un cordón humano alrededor de las instalaciones de Sagarpa para exigir se diga NO a la siembra de maíz transgénico que han solicitado las empresas Monsanto y Pioneer en más de un millón de hectáreas de los estados de Sinaloa y Tamaulipas.

La construcción de presas para el abasto de agua y el desarrollo de la industria hidroeléctrica en México genera millonarias ganancias para unos cuantos y deja en la miseria, sin tierras de cultivo ni vivienda digna a los habitantes originarios de las tierras donde se construyen este tipo de desarrollos.

"El proyecto prevé la construcción de un gasoducto y dos centrales térmicas, siendo que partes del gasoducto serían instaladas en áreas de peligro amarillas y naranjas del volcán Popocatépetl, poniendo en riesgo la vida de la población local."

“Impulsan la violencia para imponer su proyecto de regularización, pese a que esta “tierra ya está entregada a los que realmente la viven y la trabajan”, afirma la Junta de Buen Gobierno."