Señalan a México por violar derechos humanos con represas
Expertos que han trabajado para Naciones Unidas analizaron diversos los casos de El Zapotillo, La Yesca y Las Cruces, entre otros. Pidieron parar las obras por violentar el derecho a la consulta, a la vivienda y al agua, entre otros.
En materia de construcción de presas, el Gobierno de México no da cumplimiento a las garantías que se contemplan en la Constitución federal, a leyes relativas en derechos humanos, ni a los tratados internacionales, de acuerdo al diagnóstico del hindú Miloon Kothari, quien fuera relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.
La postura de Kothari fue apoyada por Maude Barlow, ex asesora de la ONU en derecho humano al agua, quien añadió que México está interpretando este derecho para impulsar los grandes proyectos de infraestructura que violan derechos humanos, entre ellos precisamente el del acceso al agua.
Ambos personajes estuvieron en Guadalajara como parte del equipo interdisciplinario de expertos en derechos humanos y obras de infraestructura, que se reunieron en Temacapulín, entre el 5 y el 7 de noviembre, con afectados de presas de diversas partes del país para escuchar sus respectivos casos y analizar, conforme a derecho nacional e internacional, las afectaciones sociales y ambientales que está generando el Gobierno de México con su política hídrica.
Luego de identificar las violaciones en las que está incurriendo el Gobierno de México, el grupo de expertos dio a conocer su fallo en una rueda de prensa, solicitando que se detengan o replanteen los proyectos de El Zapotillo, Arcediano y La Yesca, ubicados en Jalisco, y el de Las Cruces, en Nayarit.
El documento con todas las observaciones legales de las violaciones en las que está incurriendo el Gobierno de México, de acuerdo a los expertos, puede descargarse AQUÍ. Será entregado este viernes 9 de noviembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miloon Kothari, recordó que en el año 2002, como funcionario de Naciones Unidas, hizo una visita a México donde pudo constatar que en el país, para construir grandes obras, se hacían desalojos y desplazamientos de poblaciones sin que existiera una normatividad para ello, por lo que se le elaboró una observación en este sentido al Gobierno federal, en el año 2003, para que se elaborara una política especial sobre el tema y una legislación nacional.
“Diez años después sigue México sin una legislación específica y sin una política sobre el tema y he sido testigo de cómo los desalojos se siguen llevando a cabo en el país”, indicó.
En 2007 Kothari publicó para la ONU los lineamientos internacionales en materia de desplazamiento de comunidades por grandes obras de infraestructura los cuales deben ser respetados por el Gobierno de México como parte de Naciones Unidas, dijo Kothari, situación que no ocurre.
“He podido constatar que ni la reforma constitucional en materia de derechos humanos ni los tratados internacionales firmados y ratificados por México y tampoco los lineamientos del 2007 están siendo respetados hay una serie de violaciones a derechos humanos…, al escuchar los testimonio en días pasados sentí una profunda tristeza al darme cuenta que ni antes, ni durante ni después de un desalojo son respetados los derechos humanos y por lo tanto se pone en discusión el mismo sistema democrático”.
Lo anterior ya fue constatado en el año 2011 por Oliver de Shutter, relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, en una visita a diversas partes de México, entre ellas Temacapulín.
Al hacer uso de la palabra, Maude Barlow, ex asesora de ONU en derecho humano al agua, indicó que este se incluye en la Constitución de México, pero es interpretado de forma errónea, generando la violación de derechos humanos de poblaciones que se ven afectadas por grandes obras hídricas, de lo cual recibió testimonios.
“Todo esto se hace en el nombre de dar agua a las grandes ciudades, para respetar el derecho al agua de quienes viven en las ciudades y esta es una forma totalmente equivocada de respetar el derecho humano al agua y no tiene ninguna relación con lo que señala Naciones Unidas porque no se garantiza violando el derecho de comunidades que van a ser afectadas por una presa.
Estamos especialmente preocupados por el caso de la Presa El Zapotillo, que se está construyendo para dar agua a León y Guadalajara, y el de la Presa Arcediano que supuestamente se iba a hacer para dar agua a Guadalajara. Hay alternativas a las grandes presas como son la conservación, usar el agua de lluvia, evitar la contaminación, pequeñas presas, y lo más importante reparar la infraestructura ya existente porque, por ejemplo, aquí en Guadalajara sé que se pierde mucho agua en fugas”.
Además de los dos personajes ya mencionados, en el equipo de expertos que analizaron las afectaciones sociales y ambientales de las presas participaron los siguientes personajes, presentes también en la rueda de prensa donde se dio a conocer el fallo:
Carlos Vainer, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, asesor del Movimiento anti Represas de Brasil (MAB)
Monti Aguirre, Coordinadora para América Latina de International Rivers que tiene su sede en Estados Unidos
Patricia Ávila, Investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Laboratorio de Ecología Política y Sociedad, UNAM, Premio Nacional en Ciencias 2003
Francisco López Bárcenas, abogado mexicano
Luís Daniel Vázquez, Coordinador en México del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales.
El ejercicio realizado en Temacapulín se denomino Pre-Audiencia sobre Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene su sede en Roma, y que va a sesionar en México en el año 2014.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, es decir no depende de los Estados, ni de los partidos, que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos y denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones; está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.
Francisco López aceptó que el estado mexicano no está obligado a acatar el fallo de este tribunal ético, pero señaló que sí esta obligado a actuar en el marco de la legalidad.
“Nuestra recomendaciones se basan fundamentalmente en legislación nacional e internacional, principios básicos sustentados en jurisprudencia internacional, y eso el estado mexicano sí debe acatarlo. Esto es, el estado mexicano puede no acatar nuestras conclusiones pero sí acatar los fundamentos de este fallo y de estas recomendaciones”.
Fuente: Verde Bandera