Guatemala

La comunidad guatemalteca decidió en consulta interna rechazar a la minera desde hace ocho años; la empresa pretende imponer un nuevo proceso a modo a través de la municipalidad y pretende ganar rompiendo el tejido comunitario.

La Corte Constitucional (CC) de Guatemala revocó el lunes pasado la sentencia por genocidio contra el dictador Efraín Río Montt, acusado de ser responsable de la muerte de 1771 indígenas Ixiles, durante su régimen desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.

La lideresa guatemalteca Otilia Lux de Coti consideró una afrenta a la justicia, al estado de derecho y a los pueblos indígenas la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala que revocó el lunes la sentencia por genocidio y delitos de lesa humanidad contra Efraín Ríos Montt, ícono del militarismo genocida.

"Las Comunidades Mayas Q'eqchi y Poqomchi que habitamos en la sierra de las minas de las Micro Regiones, Matanzas, Monte Blanco, Ribaco y Panima, haciendo uso de nuestro derecho establecido en el articulo 45 de la Constitución política de la República de Guatemala, nos declaramos en resistencia pacifica."

"La condena difícilmente lograda contra un genocida es una victoria histórica, pero no es suficiente. Porque ese genocida fue condenado cuando ya no era útil al sistema de explotación y dominio, pero la oligarquía a quien sirvió ese genocida, continúa cometiendo genocidio contra la población campesina indígena."

El Exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue declarado culpable por un tribunal penal de Guatemala por los delitos de genocidio y crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 1983.

Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería.

"Mediante la concentración y reconcentración de la tierra, emergieron los “modernos” propietarios angroindustriales, acaparando más del 60% de las tierras de cultivo del país. Este latifundismo inmoral, tramitado por el propio Estado, no sólo convirtió a campesinos e indígenas del país en empobrecidos sin tierra, sino, además de quitarles la tierra, los convirtió y convierte en acorralados esclavos sin derechos."