Cemento y promesas sin cumplir para los mayas en Guatemala

Por NELTON RIVERA/ PRENSA COMUNITARIA.

Guatemala. La intención de construir la mayor planta de producción de cemento en Guatemala genera una profunda conflictividad social en 12 comunidades kaqchikeles organizadas, que rechazan las intenciones de la empresa y el Estado.

La militarización, criminalización, grupos paramilitares, rompimiento del tejido comunitario, desplazamiento de población y la construcción de esta planta cementera y la carretera “Anillo Regional” en San Juan Sacatepéquez son las mayores amenazas que viven cotidianamente las comunidades. [1]

El Estado de Guatemala implementa la militarización del territorio de San Juan Sacatepéquez como la única respuesta con el objetivo de garantizar los intereses económicos de la empresa. Busca la desarticulación de la resistencia pacífica y el encarcelamiento de los principales líderes comunitarios para dejar libre el camino para el funcionamiento de la empresa.

Frente a la militarización y despojo de los bienes naturales, las 12 comunidades kaqchikeles se encuentran en resistencia pacífica. Además de la movilización permanente, las comunidades trabajan por consolidar su propio modelo de desarrollo, que pasa por la defensa del agua, la vida y el territorio. [2]

San Juan Sacatepequez y la llegada de Cementos Progreso S.A.

San Juan Sacatepequez es uno de los 17 municipios que forman parte del departamento de Guatemala. Está ubicado en la región occidental del departamento y su población es mayoritariamente de ascendencia maya kaqchikel. El pueblo kaqchikel está fuertemente organizado en doce comunidades, cada una de la cuales cuenta con sus propias autoridades comunitarias, alcaldes auxiliares y comités.

A San Juan Sacatepéquez se le conoce como “Las Flores”, pues abastece de ellas al mercado nacional e internacional. Otras actividades económicas son los telares, la producción de muebles trabajados en madera y la agricultura.

En el 2003 la empresa cementera presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) una solicitud para exploración en los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Martín Jilotepeque. El permiso (LEXR-820) se otorgó el 4 de agosto de 2005, y el 3 de abril de 2006 Cementos Progreso solicitó la licencia de la explotación, que a partir de ese momento se llamó “San José Micensa”, en la finca San José Ocaña, de San Juan Sacatepéquez. [3] Los planes fueron convertirla en su planta de producción más grande, con 2.1 millones de toneladas de cemento al año, y extraer materia prima por un periodo de cerca de cien años para atender el mercado nacional y regional. La inversión, se anunció, es por más de 200 millones de dólares. [4]

La familia Novella

La familia Novella, proveniente de la oligarquía criolla y una de las principales financiadores del Opus Dei, tiene estrechos lazos con la familia Widmann y una larga trayectoria anticomunista y contrarrevolucionaria. [5] Esta relación familiar y empresarial los vincula directamente con la conflictividad generada contra comunidades maya q’eqchís del Valle del Polochic, desalojadas violentamente por los Widmann y la familia Pellas Chamorro (Nicaragua) en el año 2010 para garantizar el funcionamiento del Ingenio Chabil Utzaj.

El matrimonio que se gestó en 1954 entre Maegli Müeller y María Marta Julia Novella Wyld amplió el poder económico y político de ambas familias. En 1996 obtuvieron la presidencia de Cementos Progreso, núcleo de la riqueza del Grupo Novella. [6] Desde 1901 se dedican a esta actividad industrial, primero en La Finca Pedrera – en el norte de la ciudad capital, actual zona seis- y después en Sanarate -actual departamento de El Progreso. Ante la dificultad de mantener su virtual monopolio que duró un siglo, se abrieron a las tendencias de la transacionalización y en el año 2003 vendieron el 20 por ciento de su capital a la suiza Holcim, la mayor cementera del mundo. [7]

La Consulta Comunitaria

Ante las intenciones de Cementos Progreso, las autoridades comunitarias buscaron información sobre los efectos que la instalación de una planta cementera ocasionará en sus vidas. De las reuniones surgió la idea de organizar una consulta comunitaria, como se hicieron otras en el país. Los representantes comunitarios solicitaron a la Municipalidad que se realizara una consulta, y ésta -en una actitud ambigua- aceptó, pero en una fecha demasiado cercana como para que saliera bien: el 15 de abril de 2007.

Las autoridades comunitarias se encaminaron a la organización medioambiental Madre Selva, donde les plantearon la necesidad de retrasar la consulta por el escaso tiempo para hacer todo el trabajo previo necesario. La Municipalidad primero aceptó retrasarla al 13 de mayo, pero en una sesión cerrada realizada el 27 de abril, el Consejo Municipal acordó revocar la consulta. [8] Ante esta resolución, los vecinos de las 12 comunidades decidieron hacerla por sus propios medios. Un vocero de las comunidades señaló “nos dimos cuenta que también la Corporación está totalmente comprada por la empresa, aunque por la buena voluntad de las comunidades dijeron: ‘tenemos que hacerlo porque estamos en base de ley’”. [9]

Los vecinos organizados consiguieron el apoyo de la Asociación de Abogados Mayas, la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El 13 de mayo se realizó la consulta comunitaria de buena fe en las 12 comunidades organizadas contra la empresa cementera. En la consulta participaron 8 mil 940 personas, de las cuales 8 mil 936 votaron en contra de la construcción de la cementera y 4 personas votaron a favor. El 30 de mayo, una marcha llevó el memorial con los resultados a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. Más tarde, con apoyo de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), se entregaron a la Procuraduría de Derechos Humanos, el Congreso de la República y el Ministerio de Energía y Minas.

La empresa no hizo ningún caso ni se dio por enterada de la actividad. Consiguió un estudio de impacto ambiental favorable de parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (resolución ECM/KC 185-2007-ECMK), y el otorgamiento, por parte del Ministerio de Energía y Minas, de la licencia del derecho minero “San José Mincesa”, con base en la resolución número 00805 de fecha 17 de abril de 2007.

Movilización contra la militarización

En el marco del día nacional e internacional contra la desaparición forzada en Guatemala, el 30 de junio del 2012, las 12 comunidades realizaron una de las más grandes movilizaciones en el territorio de San Juan Sacatepequez. Más de 18 mil personas del pueblo kaqchikel, organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones populares se sumaron para demandar al Estado y la Municipalidad el retiro inmediato de la Brigada Militar, el pleno respeto de la consulta comunitaria de buena fe y la cancelación de la licencia de exploración y explotación minera de la empresa Cementos Progreso.

Durante esta jornada de movilización, el alcalde Gustavo Bracamonte, acompañado por el Consejo Municipal y ante la presencia de las autoridades comunitarias, aceptó respaldar sus demandas y firmó un acuerdo para la elaboración el 2 de julio, por parte del Consejo Municipal en pleno, de un acuerdo municipal para solicitar el retiro inmediato de la Brigada militar “Héctor Alejandro Gramajo”. Gustavo Bracamonte se comprometió con las comunidades de San Juan Sacatepéquez a entregar el documento oficial el 6 de junio en una nueva reunión en la municipalidad.

Ante la presencia de las autoridades comunitarias, concejales de la Municipalidad excusaron la inasistencia del alcalde municipal. Alegaron que se encontraba en la ciudad capital participando de una reunión en la casa presidencial, y que en esa reunión él personalmente entregaría dicha solicitud al presidente. [10]

Exactamente un año después, el 30 de junio de 2013, las demandas y exigencia de las doce comunidades kaqchikeles continúan sin ser atendidas, en una clara violación de los derechos colectivos de los pueblos originarios, y aumenta la presión de la empresa Cementos Progreso sobre el gobierno central y la municipalidad de San Juan Sacatepequez, así como las agresiones de grupos patrocinados por la empresa que profundizan la conflictividad.

Notas

[1] Prensa Comunitaria. Rivera Nelton. Anillo regional aumenta la conflictividad en San Juan Sacatepéquez. Guatemala 25 de mayo 2013.

[2] Prensa Comunitaria. “Sembrar un árbol para cosechar Vida” Doce Comunidades Kaqchikeles. Guatemala 8 de junio 2013.

[3] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[4] El Periódico. Sección Estrategia y Negocios. Guatemala 25 de enero de 2005.

[5] El Enfoque. Solano Luis. Valle del Polochic: el poder de dos familias. 9 de mayo 2011.

[6] Ibidem.

[7] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[8] Mario Celada Villatoro. Criminalización, control social y represión de las comunidades en resistencia De San Juan Sacatepéquez, Guatemala y su lucha contra la cementera, 2006 – 2010-.

[9] Entrevista a vocero y líder comunitario, Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez. 2012.

[10] Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Consejo Municipal da la espalda a las Comunidades en San Juan Sacatepéquez. 7 de julio 2012.

Publicado el 1 de julio de 2013

Fuente: Desinformémonos