Europa

Un nuevo Informe Especial elaborado por el Investigador Guillermo Ortega analiza algunos detalles del Acuerdo Unión Europea – Mercosur. Las consecuencias de este nuevo tipo de “Tratado de Libre Comercio” pueden ser peligrosas para los pueblos de ambos lados del Océano Atlántico.

"La mirada de la soberanía alimentaria sobre este tema ofrece un catálogo muy amplio de aristas que hemos intentado reflejar en este número. Partimos de que la ayuda alimentaria se canaliza por los mecanismos del sistema alimentario capitalista, por tanto, tampoco con un objetivo como este ha sido capaz de situar la alimentación de la población en el centro. La conclusión sigue siendo que ganan las grandes empresas. Vemos también cómo se despoja a quienes necesitan este apoyo de su derecho a decidir qué comer; el Estado lo piensa por ellas. Conviene aquí ser muy precisos y diferenciar comida de alimentos. Saciar el hambre no tiene por qué ser lo mismo que alimentar".

La Amazonía está en peligro. Por ello, líderes indígenas de Brasil, jóvenes movilizados por el clima, y organizaciones de la sociedad civil hacen una llamado urgente a los parlamentarios europeos. Piden que se anule el acuerdo EU-Mercosur y que se congelen las importaciones que causan deforestación.

La georreferenciación en países como Brasil contribuye a la privatización de las tierras comunales y la expansión de monocultivos. El almacenamiento digital de los datos agrícolas está en manos de grandes compañías tecnológicas.

En uno de los confines del mundo, alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una lucha que nos afecta a todos. Pueblos indígenas de la región y organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se oponen enérgicamente a un experimento para avanzar la geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. 

Bajo el lema “Paremos Mercosur-UE / Stop UE- Mercosur” organizaciones sociales, sindicales y diversos movimientos ambientales y académicos hacen un llamado a parar el acuerdo entre ambos bloques comerciales. Alertan que se trata de un modelo comercial obsoleto que solo sirve a los intereses corporativos y que profundiza las desigualdades sociales.

Nadie debería tener el derecho exclusivo de cosechar ni vender frutas y verduras. Aunque suene evidente, hemos tenido que luchar por ello durante más de cuatro años. Y ganamos. El año pasado, la Oficina Europea de Patentes (OEP) aceptó de manera oficial que las plantas que se reproducen convencionalmente no son patentables [1].

Hace tiempo que en Europa se debate si los OGM producidos mediante edición genética pueden ser detectados. Algunos grupos de presión a favor de los OGM afirman que los organismos editados genéticamente no pueden distinguirse de los creados de forma natural o de los producidos mediante técnicas de mutagénesis más antiguas (que están exentos de los requisitos de la normativa sobre OGM). Los grupos de presión llegan a la conclusión de que no tiene sentido regular los organismos editados genéticamente, porque la normativa sobre OGM no puede aplicarse.