Costa Rica

Después de más de siete años de proceso, el tribunal del arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó su decisión final, declarando que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., que reclamaba cerca de $400 millones porque se le canceló la concesión del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Advierten que aunque el decreto fue anulado, el proyecto de Ley sobre la producción y control de calidad en el comercio de semillas, aún está vivo en la corriente legislativa y contiene la misma sustancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó esta semana la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG ‘Reglamento Procedimiento para el Registro de Variedades Comerciales’ que restringía el uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas en el país.

El problema con los extractivismos en América Latina es dramático pues son fenómenos sociales que contribuyen a la destrucción de la biodiversidad de forma acelerada cuando estamos en una crisis climática. En Costa Rica, muchos de los conflictos ambientales los ha gestionado de una u otra manera la Administración Pública. 

La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son solo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y, el medio rural no es la excepción.

El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

Somos un espacio de articulación de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas, y de personas que participan a nivel individual para lograr objetivos comunes. Éstos se centran en concertar esfuerzos para preservar la vida, la diversidad biológica, la existencia y los saberes de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que se han desarrollado en estrecho contacto con la naturaleza.

Debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas, partiendo de que en Europa se prohíben -teniendo una sola especie de abeja europea (Apis mellifera)- y que en el país tenemos más de 650.