Argentina

Cualquier institucionalidad ambiental organizada desde juicios errados entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos socioambientales y las demandas ciudadanas. Es por eso que a la ciudadanía no le queda otra alternativa que movilizarse.

Con la autorización de actividades de exploración sísmica en el mar estalló la serie de posicionamientos y discursos que venían latiendo fuerte con la lucha reciente en torno a la zonificación minera en Chubut. Para abonar un horizonte de debates que evite hundirnos en la idea de que profundizar el modelo energético extractivo es urgente e inevitable, desmenuzamos buena parte de esos discursos con los que intentan deslegitimar los argumentos del activismo socioambiental.

Mientras los gobiernos atribuyen las inundaciones y los incendios solo a fenómenos climáticos extremos, Darío Avila —abogado especializado en derecho ambiental— precisa las responsabilidades políticas, judiciales y empresarias que posibilitan el avance sobre el monte nativo. El rol del agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria.

Los Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén enviaron una carta al Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente Jorge Lara, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda y el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal (MPF) José Gerez, donde los intiman a que se cumpla el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas firmado entre el gobierno nacional y el neuquino, a cargo de Omar Gutiérrez.

Es la intencionalidad de este libro es la de proporcionar un marco de análisis común para la acción colectiva agroecológica. Se trata de proporcionar los argumentos epistemológicos y teóricos que empujan hacia la construcción y desarrollo de este campo para tratar de hacer operativa la lucha por la sostenibilidad agraria o agroalimentaria. 

El proyecto no ingresó en el temario de las sesiones extraordinarias. El lobby empresario y la crítica de los ambientalistas.

Santiago del Estero encabeza el ranking; allí el 80% de los desmontes son ilegales porque se realizan en zonas no permitidas por la Ley de Bosques.

En medio de la pandemia de covid-19 y la extraordinaria bajante del río Paraná, una cooperativa busca mejorar los ingresos de un grupo de mujeres que vive de la pesca artesanal, uno de los eslabones más delicados de la emergencia hídrica que afecta a siete provincias argentinas, entre ellas las del Litoral.