El proyecto oficial aprobado indica la cesión de hasta 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa australiana Fortescue Metals Group. Señalan que, en su mayoría, esa superficie está ocupada por comunidades indígenas. Las comunidades exigen la “rectificación del proyecto con la inclusión de la participación indígena” y también un informe de impacto social, cultural y ambiental.
