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Casi cincuenta días de gobierno y sesenta asesinatos. Desde el 7 de diciembre pasado, los pueblos en Perú desconocen por ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte y lo califican como una dictadura racista que dispara a matar contra indígenas, contra los pueblos del sur, contra niñxs y jóvenes. “Somos los Aimara, los Quechua y los que nos identificamos con ese Perú profundo quienes estamos en las calles exigiendo el alto a la represión, que pare esta masacre y una salida democrática”, afirmó la activista trans afro andina Gahela Tseneg Cari Contreras.

Este 14 de enero el gobierno no se presentó a verificar que la empresa Amway desocupara las 160 hectáreas que siguen en su posesión (siendo propiedad del ejido San Isidro) tras la diligencia de ejecución que se llevó a cabo el 14 de julio de 2022, donde se entregaron 120 de las 280 hectáreas que debían restituirse.

Tras las reuniones con representantes del gobierno, y todavía sin respuestas a las demandas de reconocimiento, las mujeres que estuvieron detenidas -y fueron liberadas, mientras quedan cuatro en prisión- explicaron la urgencia: "El Rewe es un espacio ceremonial que se encuentra en la comunidad, en ese territorio, y la Machi está conectada con ese lugar. Al estar alejada por la prisión, el Rewe se debilita, y ella va desmejorando su salud".

Conocedor de las plantas, los animales y el cultivo; hacedor de sombreros, cestería y huaraches. Hombre nacido con cultura y con identidad, don Pedro Salazar, uno de los tres últimos hablantes fluidos de la lengua xjuanji, conocida también como ixcateco, falleció a principios de este año en su natal Santa María Ixcatlán, en la mixteca de Oaxaca.

Movimentos camponeses e Sem Terra defendem que para alcançar segurança alimentar, é preciso fazer reforma agrária.

César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, Córdoba, tiene abierto un sumario por el INTA cordobés en el que amenazan censurarlo suspenderlo por haber planteado en un programa radial que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos. Una reacción anacrónica y con resonancias autoritarias de (se supone) viejos tiempos, por parte de la entidad regenteada por Juan Cruz Molina Hafford que nada parece tener que ver con la ciencia ni con la libertad ni con la producción. Lo que plantean las sociedades científicas y los gremios y la nota publicada en la revista MU sobre parte del trabajo de Gramaglia en Traslasierra.

El presidente Guillermo Lasso convocó a una Consulta Popular para el 5 febrero de 2023 mediante el Decreto 607[1]. La consulta busca la enmienda de varios artículos de la Constitución, entre ellos dos relacionados con temas ambientales. Aquí presentamos los principales argumentos para explicar que votar NO en la pregunta 8 es una opción a favor de los derechos humanos y de la naturaleza. Esta pregunta propone la enmienda al artículo 74 de la Constitución, referido a los servicios ambientales.

Hace unos días concluyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) con un pacto histórico: decenas de países se comprometieron a proteger 30% de la superficie terrestre y marina antes de 2030 para preservar la biodiversidad, lo que representa un logro sin precedentes para nuestros bosques, nuestra fauna, nuestros mares, y también para los suelos que pisamos.