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Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, al menos 1964 comunidades indígenas, afrodescendientes y locales de seis países de América Latina vieron afectados sus derechos colectivos por proyectos extractivos y de infraestructura.

La Corte Constitucional de Ecuador respalda los esfuerzos por la protección de esta porción de Amazonía. Sin embargo, el gobierno de Lasso no detiene las operaciones en la zona.

El colectivo Mujeres haciendo la Defensa del Territorio-Cuerpo-Tierra señaló que el Tren Maya recuerda el despojo y las violencias que vivió el pueblo maya «a partir de la imposición para la pacificación» en Noh kaj Santa Cruz Balam Naj Kampokolche, a través de «las mismas formas que en ese entonces utilizaba el gobierno federal que encabezaba Porfirio Díaz, que fue el uso de la fuerza de los militares».

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentó ocho propuestas prioritarias de su Agenda Grande que busca garantizar la existencia de los pueblos indígenas amazónicos mediante el desarrollo con identidad a fin de alcanzar la Vida Plena.

La Asamblea de vecinos de Paravachasca denuncia el avance de la obra impulsada por el gobierno de Córdoba, que contempla atravesar zonas de conservación de bosques en una zona donde se perdieron 30 mil hectáreas entre 2020 y 2021. El estudio de impacto ambiental aprobado cuenta con varias inconsistencias y la audiencia pública realizada en agosto pasado resultó en un abrumador rechazo al proyecto.

La 28ª Marcha Campesina inundó en la mañana del jueves las calles de la capital. La histórica movilización reunió, tras varios años, a las principales organizaciones campesinas del país en una convocatoria unitaria. Con la masiva presencia de campesinos e indígenas se levantó temporalmente la Lucha Prolongada colocando en el horizonte futuras movilizaciones por un Programa de Emergencia Nacional.

El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, informó que 10 millones hectáreas de bosque se destruyen anualmente en el mundo

Las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI han visto el renacer político y cultural de los pueblos indígenas de México. En el caso del entonces Distrito Federal los pueblos originarios colocaron en la agenda local demandas como el reconocimiento pleno a sus tierras y territorios, el alto al saqueo y degradación de sus recursos naturales: tierras, bosques y agua; el derecho a definir internamente sus formas de gobierno y representación y el derecho a la toma de decisiones colectivas por vía de la asamblea comunal o comunitaria.