El desafío colectivo de Milpa Alta frente a las políticas autoritarias
Las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI han visto el renacer político y cultural de los pueblos indígenas de México. En el caso del entonces Distrito Federal los pueblos originarios colocaron en la agenda local demandas como el reconocimiento pleno a sus tierras y territorios, el alto al saqueo y degradación de sus recursos naturales: tierras, bosques y agua; el derecho a definir internamente sus formas de gobierno y representación y el derecho a la toma de decisiones colectivas por vía de la asamblea comunal o comunitaria.
El posicionamiento político y demandas de los pueblos originarios de la ciudad pareció “encontrar lugar” en el discurso constitucional del 2017 a nivel Ciudad de México. Sin embargo, han corrido con la misma suerte que en otros estados del país: su cumplimiento ha quedado en letra muerta frente a la imposición de proyectos de infraestructura y extracción y explotación de los recursos naturales que, tanto a nivel federal como a nivel local, atentan contra los derechos colectivos de los pueblos originarios.
En el conjunto de los conflictos que hoy enfrentan los pueblos originarios de la ciudad, Milpa Alta ilustra la antidemocracia de un gobierno autoritario que, en el discurso oficial, dice reconocer la existencia y derechos de los pueblos y, en la práctica concreta de gobierno, impone y aprueba proyectos ajenos a las comunidades, como ha sido el sello característico del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este mapa de conflictos sigue creciendo y se diversifica. Enunciamos algunos para evidenciar las contradicciones y retos de estas problemáticas:
Sobreexplotación de recursos hídricos. En plena contingencia sanitaria por Covid-19 (mayo de 2020), personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la alcaldía de Milpa Alta ingresaron con maquinaria pesada a las instalaciones del tanque de agua de San Jerónimo Miacatlán, para perforar un nuevo pozo, denominado “Pozo 4 San Luis- San Jerónimo”. La acción concertada entre varias instancias de gobierno, dividió y confrontó a los vecinos que se debatían entre la necesidad de agua y la imposición de un proyecto no consultado debidamente entre las comuneras y comuneros dueños del territorio.
Imposición de proyectos ajenos a la comunidad, como sucedió en San Pedro Atocpan cuando los vecinos se enteraron que el Campo Deportivo Popular Atocpan, ubicado en el paraje denominado Pozuntla, sería utilizado para construir un complejo educativo financiado por la “Fundación Alberto Bailleres y Grupo Bal”. El deportivo popular adquirido por los pobladores de San Pedro desde finales de años sesenta del siglo pasado, fue prestado en septiembre de 2017, por la Liga de Fútbol a la Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria Álvaro Obregón, para alojar a los niños debido a los daños estructurales que sufrió la escuela por el sismo de ese año; sin embargo, sin previo aviso o consulta a los dueños originarios del Deportivo, a mediados del 2021 la alcaldía y el gobierno de la ciudad pretendieron desarrollar un complejo educativo.
Desacato a sus propias normas y proyectos. El paraje denominado “Jenentla Remigio”, ubicado en la calle de Veracruz norte, esquina Zacatecas en la cabecera de la alcaldía, fue destinado desde 2011 para la construcción de un Centro de Salud T-III (especialidades). Los recursos invertidos, trámites, asambleas y convenios impulsados a lo largo de una década entre autoridades sanitarias, gobierno local y los vecinos se vinieron abajo, por la decisión vertical de dividir dicho espacio en dos construcciones: un minicentro de salud y una universidad, como denunciaron los vecinos a mediados del 2021.
En todos los casos, la falta de diálogo entre autoridades y vecinos llevó a un grupo activo de comuneros y comuneras a defender por la vía legal sus derechos “supuestamente” amparados constitucionalmente. Este blindaje jurídico que ha logrado en algunos casos la suspensión de las obras, ha evidenciado dos cosas sustantivas: la nula escucha por parte del gobierno, y la poca participación comunitaria en las asambleas en las que se debería decidir colectivamente, como se hacía hace un par de décadas al interior de los pueblos. Todo parece indicar que ha permeado la cultura partidista de componendas, compra y venta de votos y la división por intereses políticos partidarios.
Si el gobierno no ha manifestado ningún rubor al quebrantar su propia normatividad, incluso de carácter constitucional, es evidente que seguirá atentando contra la integridad territorial de los pueblos originarios, como sucede con el crecimiento desmedido de asentamientos irregulares que, como en San Bartolomé Xicomulco, se regularizan vía fast track, es decir, sin los estudios de impacto ambientales pertinentes, o el cambio de uso de suelo de conservación a urbano, pero sí como pago de favores políticos.
Si la apuesta de los gobiernos actuales es la división, los acuerdos políticos a puerta cerrada, la compra de voluntades y el enfrentamiento entre milpaltenses, la comunidad tiene frente a sí un reto: apelar a su conciencia histórica comunitaria; esto implica cuestionarse la pertinencia de seguir siendo una comunidad y mantener el control de su territorio. El reto será convocar a la participación activa de las y los milpaltenses en los espacios donde se decide el futuro de Milpa Alta.
Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada