Desinformémonos

Si la intensidad del calentamiento global continúa acelerando el derretimiento de los glaciares y, en particular los de la Antártida, éstos podrían desaparecer en su totalidad antes del 2100, advierte un grupo internacional de científicos.

"Indicaron que Juez Séptimo dictó la citada suspensión el 30 de septiembre, para proteger los derechos de los indígenas juchitecos que fueron violados por las autoridades federales, estatales y municipales al aprobar la construcción del parque de EES".

Ayer, en Tapachula, Chiapas, Enrique Peña Nieto, presidente de México, presentó una iniciativa de ley que busca destinar 115 mil millones de pesos del erario público para atraer inversión privada trasnacional y mexicana a zonas “con alto potencial productivo”.

"Para la campaña nacional Sin Maíz no Hay País, la gramínea nativa se encuentra amenazada entre la persistencia de inclusión de campos transgénicos y “la decisión de acabar con la agricultura campesina para beneficiar a las empresas de agro negocios que explotan a jornaleros y jornaleras."

La mina debe suspenderse ya que afectará a más de 248 especies de plantas y 154 de fauna. Esta zona se declaró protegida en 2009, por tener un ecosistema particular y un sistema único de dunas de arena.

En la cancha de fútbol de la comunidad San Felipe Tepatlán, Puebla, más de dos mil personas se reunieron con el presidente municipal y empresarios de Deselec-Comexhidro, para manifestar que no quieren que la hidroeléctrica Puebla 1 se construya en su pueblo y no se movieron del lugar hasta que el edil firmó el documento donde revocó el permiso de uso de suelo, informó Antonio Márquez Zaragoza, habitante de la comunidad.

En la comunidad de Hopelchén, al oriente de Campeche, donde la apicultura es una práctica ancestral que sobrevive a pesar de la deforestación y ahora la aplicación de plaguicidas altamente tóxicos en los cultivos, que en los últimos años ha matado a miles de abejas, informó el campesino Jorge Pech.

Bettina Cruz, defensora del territorio en Oaxaca, está a punto de recibir la resolución del juez, que podría enviarla hasta 10 años a la cárcel. Es una caso que las organizaciones de derechos humanos califican de “emblemática” criminalización de defensores del territorio.