Transgénicos

Más de dos mil productores apícolas con el apoyo de activistas y grupos ambientalistas llevan desde hace siete años una lucha legal con el gobierno federal para que Yucatán sea declarado como Zona Libre de Organismos Genéticamente Modificados.

El Ministerio de Agricultura del Ecuador debe decomisar y quemar todo cultivo transgénico identificado en el país, y de esa manera asegurar su condición de país libre de transgénicos, tal como manda la Constitución.

"Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México".

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) dio a conocer los impactos negativos sociales y ambientales del convenio que recientemente firmó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la empresa BAYER con el suministro de semillas.

La invalidez del decreto estatal que declaraba a Yucatán como zona libre de transgénicos no abre la puerta a la siembra de organismos genéticamente modificados, pues existen dos “salvaguardas” que prohíben ese tipo de cultivos en el estado, recordó uno de los asesores jurídicos del colectivo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu. 

Hace poco más de un año, el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una decisión histórica que aclara que las plantas modificadas mediante nuevas técnicas de ingeniería genética sin un largo historial de seguridad son organismos genéticamente modificados (OGM) y debe ser regulado como tal.

Un grupo de funcionarios que en el sexenio pasado cometió diversos atropellos en el contexto del proceso de consulta a los pueblos indígenas mayas sobre el uso de semillas transgénicas en la península de Yucatán ha sido contratado por el actual gobierno, en un caso de impunidad administrativa que demuestra la falta de capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los malos servidores públicos.

Pablo Lapegna reconstruye su minucioso rastrillaje por las poblaciones rurales del norte argentino para explicar las secuelas económicas y ambientales que provoca la soja.