Tierra, territorio y bienes comunes

600 dias depois do último desastre de Minas, sobreviventes ainda lidam com as perdas, agravadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil. 82% deles têm sinais de estresse pós-traumático.

Pobladores, comunidades y organizaciones de 15 pueblos indígenas de México anunciaron la creación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) para «hacer manifiesto al Estado mexicano que la Nación Pluricultural prevista en nuestra Constitución sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales».

Un nuevo informe del Instituto Oakland, un grupo de expertos en políticas, describe casos de privatización de territorios en todo el mundo. Los autores del informe avisan de que privatizar territorios, especialmente cuando se han manejado comunitariamente de forma tradicional, podría dejar de lado los intereses de los grupos indígenas y las comunidades locales. Citan pruebas de que los gobiernos y agencias ven los títulos de propiedad privada como forma no de ayudar a los agricultores pobres sino de “desbloquear el potencial económico del territorio”.

América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. Mientras la región en su conjunto representa un índice GINI ya alto de 0.79, América del Sur se mantiene con la concentración más alta de todo el continente, con un índice de 0.85 [1]. El avance de la frontera agrícola inducido principalmente por la demanda global de soja y carne es el factor central para profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria [2].

En el papel, la comunidad afro de ese consejo comunitario es dueña de 107 mil hectáreas de tierra en el Bajo Atrato (Chocó). En la práctica, el 95% de las tierras productivas están en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región. El Cinep documentó este caso y lo entregó también a la Comisión de la Verdad.

Antes de abordar el tema que me convoca, sería conveniente aclarar que este trabajo analiza, particularmente, la causa judicial que involucra a Pergamino pero, lo que aquí sucede, podría ser perfectamente aplicable a cualquiera de los pueblos que conforman la zona núcleo en donde se practica la agricultura intensiva, ya que la mecánica de trabajo "agroquímicodependiente" es exactamente la misma en Junín, San Nicolás, Villa Constitución o Marcos Juárez, entre otros.

"Estamos en un tiempo donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer, pero con un piso de conciencia en nuestras comunidades que ya no permite a las fuerzas del capital moverse como antes. También donde las fuerzas que buscamos abrir otros horizontes civilizatorios estamos exigidas a dar un salto en articulaciones multisectoriales y perspectivas interdisciplinarias, para tener propuestas concretas y esbozar caminos de salida; sumando fuerza con organizaciones sociales, sindicales y políticas mucho más allá de los purismos".

O atual cenário político e socioambiental brasileiro demonstra o resultado do desmonte realizado pelo Governo Bolsonaro, os ataques constantes contra os órgãos e entidades socioambientais, além dos discursos contra a atuação dos servidores e as normas ambientais. Desde 2019, com o início do atual governo, tem havido um aumento em número e extensão dos incêndios florestais, expansão do desmatamento da Amazônia; vazamento de óleo atingiu diversos pontos da costa brasileira sem que o governo se mostrasse capaz de dar uma resposta rápida e competente que possibilitasse descobrir os responsáveis por sua origem; as tentativas de incriminar e intimidar indígenas, ambientalistas e organizações não-governamentais, além de intimidação e cerceamento da ação dos servidores da área ambiental, resultando em um real e deliberado desmonte das instituições públicas de meio ambiente.