Políticas agrarias en tiempos de Covid-19

“Gracias al esfuerzo del pueblo boliviano, eliminamos el colonialismo y la opresión, y hoy garantizamos que la tierra es para el que la trabaja”

Evo Morales Ayma

Las políticas de ajuste estructural agrícola enterraron los programas de reforma agraria, sustentados en la entrega masiva de tierras a campesinos y campesinas sin tierra o en posesión precaria de esta, asistencia técnica, insumos agrícolas y crédito solidario, otorgado por una institucionalidad de apoyo al programa. Existieron varios argumentos para justificar tal intervención en contra de la reforma agraria. La primera es la falta de recursos para seguir financiando o subsidiando este tipo de programas que, a todas luces, según los llamados neoliberales bastardos, resultaba caro para las arcas del Estado; sumado a la crisis financiera de los 80, y aumento de la deuda, que ejerció presión sobre los recursos públicos generados por el Estado para hacer frente a estas obligaciones con acreedores externos principalmente.

Los Organismos Financieros Internacionales (OFIs), especialmente el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentaron que las políticas económicas y agrícolas desde la integración económica latinoamericana, habían introducido un sesgo a favor de bienes producidos para el mercado interno y regional como los granos básicos y hortalizas, por unidades campesinas, grupos y cooperativas organizadas al amparo de la reforma agraria, con un impacto negativo en la competitividad de los países, reflejado en poca oferta exportable, baja productividad y los altos costos para el Estado. El argumento de fondo es que estos bienes son producidos en países desarrollados de manera más eficiente y con un alta productividad física y del trabajo, pero desconociendo el fuerte subsidio que otorga el Estado a los productores para que puedan vender la producción y competir.

Las reformas agrarias se beneficiaron de coyunturas externas e internas, como por ejemplo el miedo al Comunismo cuyas “voces” decían que se había instaurado en Cuba y amenazaba con propagarse en toda Latinoamérica; igual, las huelgas y protestas de campesinos contra las empresas bananeras y las recuperaciones de tierras. Incluso, cabe destacar la instalación en el poder de gobiernos militares denominados reformistas y de integración nacional, por lo menos visible en el discurso político y primeros años de mandato.

El fuerte endeudamiento externo y la dependencia de los países latinoamericanos, orilló a sus gobiernos a adoptar un programa de ajuste estructural agrícola ortodoxo, sustentado en políticas de corte neoliberal a favor del libre mercado, reducción del Estado y privatización de bienes y servicios, y la vigencia de un modelo individualista productivo, contrario al modelo colectivo y de participación social que dio sustento a los programas de reforma agraria. Una tesis de fondo es que lo colectivo no otorgaba ni garantizaba derechos de propiedad, por lo que los ocupantes de la tierra no se sentían comprometidos con la empresa colectiva y las estrategias de desarrollo empresarial impuestas que iban desde la ocupación de la tierra (asentamiento campesino) hasta la obtención del titulo de propiedad, una vez pagada la tierra por los campesinos al Estado con recursos generados por la venta de los productos, tanto del mercado interno como de exportación.

En la mayor parte de los países latinoamericanos con programas de ajuste estructural agrícola, los gobiernos considerados de tipo progresista siguieron con la profundización de este tipo de políticas, como ejemplo el desarrollo de los agronegocios, extractivismo y los proyectos energéticos, pero avanzaron en la ejecución de programas de entrega de tierras a campesinos. En Bolivia, el presidente Evo Morales "en 12 años (2006-2018) distribuyó 3 millones 168 mil 465 hectáreas en todo el país, mientras que entre 1995 y 2005, se había distribuido solo 36 mil 834 hectáreas”. (Telesur, 2 de agosto de 2018). En el caso de Hugo Chávez, se decretó una guerra al latifundio improductivo, que posibilitó la expropiación de tierras en poder de terratenientes que no estaban cumpliendo su función social y existían dudas sobre la legalidad de los derechos de propiedad.

A los campesinos y campesinas sin tierra se les beneficia con programas compensatorios y temporales, uno de ellos y quizá, el más visible, es la llamada reforma agraria asistida por el mercado, que busca dotar de tierras a las familias mediante mecanismos de mercado, caso de la compra de tierras a terratenientes o grandes empresarios.

A manera de ejemplo destaca la experiencia ejecutada en Brasil y Honduras, con planes pilotos y programas de reforma agraria guiada por el mercado. No obstante, en Brasil, Lula complementó esta intervención de política agraria con la producción y entrega masiva de alimentos, y en Honduras con la recuperación de tierras en el norte de Honduras con la organización del Movimiento Campesino del Aguan en el gobierno de Carlos Flores y Aníbal Delgado Fiallos a la cabeza del Instituto Nacional Agraria (INA).

Hoy se hace necesario una revisión del ajuste estructural agrícola en Latinoamérica, y de políticas, instrumentos y mecanismo complementarios para su sostenibilidad en el tiempo, caso del extractivismo y los Tratados de Libre Comercio. Esta revisión debe partir de la construcción de una memoria histórica de los procesos de reforma agraria, que se ha perdido. Igual, un análisis crítico de los resultados e impactos negativos de las políticas ejecutadas en términos de producción alimentaria, exportable, empleo generado, derechos de propiedad, productividad, usos de semilla criolla, protección y/o destrucción de las fuentes de agua y bosque, dependencia alimentaria, migración, pobreza, pobreza extrema y reconcentración de la propiedad rural.

Se esperaría que FAO lidere este análisis crítico del desarrollo agrario latinoamericano, pero la evidencia demuestra que el tema de concentración de la propiedad y la reforma agraria como programa principal de gobierno para sustituir el latifundio improductivo y excluyente en el agro, no es prioritario en su agenda. Si lo es, la producción de alimentos por economías campesinas que se resisten a morir y que siguen alimentando a la población desarrollando sus actividades en unidades pequeñas menores de 5 Has. de tierra. Igual, se puede decir de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde el tema agrario ya no forma parte de su agenda de investigación y publicaciones; es más, se cuentan con los dedos aquellos funcionarios actuales de CEPAL que tiene competencia probada en el conocimiento de estos temas.

La organización Vía-Campesina tiene la suficiente capacidad técnica y credibilidad internacional para llevar a cabo una investigación de este tipo, por lo que organizaciones campesinas, indígenas y sociales al interior de los territorios deberían avanzar en una demanda a cada gobierno e instancia de coordinación multisectorial, empezando por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

Esto es muy importante en la coyuntura actual, donde el “Ajuste Shock” lo que busca es profundizar aún más dichas políticas de ajuste agrícola, incentivando y promoviendo la reconcentración de la propiedad rural con beneficios muy pocos para campesinos y pueblos étnicos. El argumento es que hay que producir alimentos, por lo que los empresarios y ganaderos son los que están más capacitados para ello, ya que supuestamente son más eficientes que los campesinos y campesinas. Hay que dejarlos tranquilos y debe garantizarles derechos de propiedad sobre sus tierras, independientemente del tamaño y productividad, y facilitarle que puedan adquirir más mediante una compra de tierras en poder del Estado, municipalidades y de los propios grupos y cooperativas de la reforma agraria que quedan, las que, según los gobiernos, mantienen ociosas por “haraganes”.

Lo correcto es hacer lo contrario. Destinar las tierras incultas u ociosas a la producción alimentaria, organizando formas de producción agrícola solidaria que se sustentan en el trabajo familiar y la cooperación mutua; igual, gravar aquellas tierras no cultivadas con un impuesto progresivo, cuyos recursos deben destinarse a la producción de alimentos, frutas y verduras por los descamisados del agro latinoamericano. Hay que reconstruir la institucionalidad agraria desde los territorios y con amplia participación de los actores, donde la exigencia mayor es la protección de derechos indígenas sobre los recursos naturales y el funcionamiento de mecanismos solidarios de entrega de recursos financieros, semillas y demás insumos a los campesinos y campesinas.

Tegucigalpa, 31 de agosto de 2020

Fuente: ALAI