Tierra, territorio y bienes comunes

Una mirada sucinta y comprensiva sobre la situación jurídica, social, económica y cultural de los pueblos indígenas, con algunas luces pero con sombras y con acuerdos inter-culturales que aún están pendientes.

Indígenas panameños de la comarca Ngäbe-Buglé denunciaron que el Gobierno de su país continúa concesionando de manera “ilegal” sus territorios para proyectos mineros e hidroeléctricos. Cuestionaron también una ley inconsulta que facilita la venta de sus territorios.

Un empresario acusó hace nueve años de usurpación a ocho familias que habitan unas 2600 hectáreas del nordeste cordobés. Ahora la Cámara confirmó los derechos de quienes las trabajan. La propiedad comunitaria ya existía para indígenas, pero no para campesinos.

El paro agrario expresa con claridad que el actual modelo de desarrollo rural es un fracaso. Los elevados costos de producción, la dependencia de las semillas privatizadas, la concentración y mal uso de la tierra, el crédito distorsionado y en general, el desestímulo a la producción propia de alimentos son resultado de una política dirigida desde el estado colombiano para sacar a la población rural de sus territorios.

Detrás del discurso de protección a los derechos de la tierra, el gobierno ecuatoriano continúa con la implementación de proyectos de explotación energética que afectan territorios de pueblos indígenas.

Horacio Macedo Moresi, quien está actualmente a cargo de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, apoderado de la empresa CRAM S.A, empresa sojera, ha iniciado el remate de tierras de la familia campesina Mamani en Palma Sola, para cobrar $300.000 de honorarios por un juicio de prescripción adquisitiva.

Actualmente, las selvas y montañas de Alta Verapaz, Petén, Izabal e Ixcán, en el norte del país, son territorios en disputa. Entre los diversos actores colectivos involucrados, están las comunidades campesinas e indígenas que habitan estos territorios desde hace mucho tiempo, arreglándoselas para sobrevivir en equilibrio con su entorno natural, en la medida que su pobreza y las presiones externas lo permiten.

La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.