Pesca

"Las especies exóticas invasoras​ ​están categorizadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, debiendo ser tratadas aplicando el principio de precaución promovido por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) del cual Argentina es Estado Parte. Una referencia útil para la Argentina​ es la experiencia chilena, donde ​​el cultivo de salmónidos ​ha tenido un alto costo socio-ambiental ​en ​los ecosistemas​ de la Patagonia chilena", indicó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), integrante del grupo que elaboró el informe.

“Es importante dar una señal desde la justicia por los efectos negativos que las salmoneras están teniendo en la zona. No pueden seguir quedando impunes los escapes de salmones que se han vuelto una práctica habitual, donde las fiscalizaciones o sanciones no tienen ningún efecto real”, sostuvo Jorge Bustos.

Comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche y Kawésqar afirmaron que seguirán ejerciendo su derecho consuetudinario al borde costero, y que defenderán la Ley Lafkenche (N°20.249), en todos los ámbitos, -costas, parlamento, gobierno y Naciones Unidas-, con el fin de que este cuerpo legal no se rebaje a instancias similares a la corrupta Ley de Pesca, que entregó en propiedad los recursos marinos a 7 familias empresariales chilenas.

Patronales propondrán al gobierno una serie de cambios a la normativa y buscarán establecer una mesa de trabajo en la cual intentarán que participen comunidades costeras.

"Los piratas de la geoingeniería marina no se rinden. Aunque la fertilización oceánica está bajo moratoria en Naciones Unidas, la compañía Oceaneos se presentó en 2018 en una cena de inversores de la agencia Open Angel, en Vancouver, Canadá, buscando fondos para esos experimentos contaminantes, como si fueran una simple inversión más".

"En la actualidad, las comunidades de pueblos originarios no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones que afectan el mar y las zonas costeras. En este contexto, la ley 20.249 abre una puerta para que las comunidades retomen al menos en parte el control de sus recursos, posicionándoles como actores legítimos en la administración del borde costero".

Pescadores artesanales exigen la derogación inmediata de los cinco decretos firmados por PPK. Señalan que la explotación petrolera afectará la diversidad marina. La medida de protesta se acatará el 27 de abril.

Las sucesivas crisis sanitarias, ambientales y sociales ocurridas en el archipiélago de Chiloé y las regiones patagónicas de Aysén y Magallanes demuestran que la industria salmonera es ambientalmente insustentable y constituye una grave amenaza para la salud pública, la seguridad alimentaria, los intereses de los consumidores, y los derechos de las comunidades costeras y pueblos originarios.