Minería

La Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano, otorgó a finales del mes pasado un amparo histórico que impide las concesiones mineras en San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero.

Este martes, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera de Minera La Alumbrera tanto en Bajo La Alumbrera como en Bajo El Durazno ubicados en Andalgalá, Catamarca.

“La gente vota no a la minería porque su reclamo legítimo no tiene respaldo en el Gobierno Nacional, que desconoce los fallos de la Corte sobre un artículo del Código de Minas que declaró inexequible el año pasado, ya que dicha norma decía que los municipios y departamentos no pueden prohibir la minería y esa ley lo que estaba haciendo era desconocer la Constitución Política”, dice Álvaro Pardo.

El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.

En Colombia, no sólo las consultas populares está en auge como procesos mediante los cuales los ciudadanos pueden defender su territorio de proyectos extractivos. Otros municipios interesados en esta defensa han optado por promover la firma de acuerdos municipales para impedir que estas actividades entren en su territorio.

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones. Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

“El hecho de que esté a escasos kilómetros de Laguna Verde representa un riesgo latente debido a los procesos para extraer los minerales. No sólo estamos frente a un elemento de riesgo para el medio ambiente y para la vida cotidiana de los que allí habitan, sino de seguridad de toda una región”, sostiene Rodríguez Almazán.

La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.