México: El país, una gigantesca concesión

Al percatarse de que la multiplicación de los megaproyectos se realiza sin tomar en cuenta las afectaciones a las tierras y a sus habitantes, la organización Geocomunes, que se dedica a la cartografía crítica, reunió información sobre los sectores minero, energético y de electricidad en México, y la plasmó en tres mapas temáticos.

De acuerdo con Mónica Piceno, integrante de la organización, los mapas del proyecto “Infraestructura para el despojo” exhiben cómo los nuevos actores e intereses privados acaparan zonas y recursos a costa de los territorios, del ambiente y las comunidades, y pretende aportar herramientas a los sectores afectados para oponerse a la privatización de sus territorios.

En el mapa sobre la extracción minera (ver aquí) se aprecian manchas amarillas sobre 13.5% del territorio mexicano. Representan las 25 mil 506 áreas concesionadas al capital privado, que actualmente desarrollan en ellas mil 327 proyectos, la mayoría en la fase de exploración.

El oro es el metal más codiciado por las empresas mineras en México, pero sólo Goldcorp, de capital canadiense; Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, y Minería Frisco, de Carlos Slim, concentran la mitad del metal precioso extraído en el país. En 70% de los casos estas empresas extraen el oro en minas a cielo abierto, pese a los riesgos ambientales que implica ese método.

Según Geocomunes, extraer un gramo de oro implica mover un promedio de cuatro toneladas de roca y requiere 380 litros de agua, 43.6 kilovatios de electricidad –equivalente al consumo semanal de una familia– y 850 gramos de cianuro de sodio, un químico altamente tóxico.

Considera que los altos costos ambientales y sociales de la extracción de oro no se justifican, dado que en 2016, 60% de la demanda mundial de oro se destinó a la joyería, 30% a los bancos centrales para constituir reservas y sólo 10% se utilizó en los sectores industrial, médico y tecnológico.

En 2015 las empresas exportaron 14 mil 579 millones de dólares en minerales del subsuelo mexicano, mientras que las cuotas que pagan por las concesiones mineras son de 6.77 pesos por hectárea durante los primeros 10 años y 148 pesos por hectárea después de este lapso.

Además, las autoridades mexicanas dan un trato preferencial a las mineras. La Secretaría de Economía, que regula el sector, cierra los ojos ante los abusos denunciados por cientos de comunidades desde hace varios años, mientras el Servicio de Administración Tributaria cobró impuestos adicionales a sólo una de 10 empresas obligadas en 2015 (Proceso 2121).

Al ser considerada de “interés público”, la actividad minera tiene prioridad sobre algunas normas ambientales y 2.7 millones de hectáreas de territorio concesionado a empresas mineras se encuentran en zonas clasificadas como Áreas Naturales Protegidas, sobre todo en Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chiapas.

Territorios dañados:

Según Geocomunes, la reforma energética implantada por Enrique Peña Nieto “ha acelerado la construcción de una nueva red de gasoductos a escala nacional, controlada principalmente por empresas privadas”.

En otro mapa del proyecto se ve el territorio mexicano atravesado por trazos de colores, que ubican los gasoductos construidos desde el año 2000 y la mayoría de los cuales conectan la red gasífera mexicana con la de Estados Unidos. Parte del gas importado se destina aquí a la generación de energía eléctrica, un sector también abierto a la iniciativa privada.

Sólo 12 empresas se reparten la mayor parte de los gasoductos. IEnova, filial mexicana del gigante estadunidense Sempra Energy, mueve la mayor cantidad de gas en el país: 7 mil 784 millones de pies cúbicos, que transitan cada día en sus 2 mil 744 kilómetros de gasoductos.

Presiden esa firma Carlos Ruiz Sacristán, cuya carrera política creció al amparo de Carlos Salinas de Gortari y culminó en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien lo nombró secretario de Comunicaciones y Transportes en 1994. En el sector privado formó parte del consejo de administración de OHL, la empresa española involucrada en varios escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto.

Geocomunes también cartografió las parcelas de territorio y mar territorial que el gobierno licitó o pretende licitar al capital privado en cuatro rondas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

En el mapa, gran parte de los territorios de estados con costas en el Golfo de México –desde Tabasco hasta Tamaulipas– aparecen tachadas, así como vastas áreas de agua. Según Geocomunes, las licitaciones de las cuatro rondas afectarán 274 municipios, la mayoría en Tamaulipas y Veracruz, además de 3 mil 89 núcleos agrarios.

En la región de la Huasteca-Totonacapan, en el norte de Veracruz, operan más de 2 mil pozos de fracturación hidráulica. Y a raíz de la reforma energética dicha zona, que forma parte de la cuenca Tampico-Misantla, tiene 17 áreas por licitar en la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Óscar Espino, oriundo de esa región e integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, asevera que la operación de los pozos provocó tensiones en el tejido social y lamenta que el gobierno mexicano fomentara la explotación de hidrocarburos en la zona sin consultar a las comunidades locales.

“Cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que operaban 2 mil 223 pozos de fracturación hidráulica en Veracruz, investigamos y descubrimos que ni una sola comunidad había sido consultada, que nadie sabía acerca de los químicos que utilizaba para la extracción ni los impactos ambientales de la misma”, deplora.

Añade: “En Papantla no sabemos cuánto gas se ventila de los pozos y el quemador se encuentra a 200 metros del kínder”.

De acuerdo con Espino, antes que una zona de licitación “somos territorios náhuatl, téenek y totonaca”. De igual manera, lamenta que varios pobladores de la región se vistieran “de zanahorias” –en referencia al uniforme que utilizan los trabajadores petroleros– en lugar de resistir contra la explotación de hidrocarburos no convencionales.

CFE pierde el monopolio:

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también perdió el monopolio que tenía sobre la producción de energía eléctrica, porque el gobierno prevé que las dos terceras partes de ella sea producida por actores privados en 2029 (contra 47.8% en 2014).

Según Geocomunes, las consecuencias sociales serán negativas: “Aumentará la cesión de territorio y recursos a empresas privadas, incrementando también el número de actores, intereses y seguridad privada con los que las comunidades se enfrentarán para evitar ser despojadas”.

Actualmente la iniciativa privada –en particular las trasnacionales Gas Natural Fenosa, Grupo México e Iberdrola– opera 48 centrales de ciclo combinado, contra apenas 15 por parte de la CFE.

La organización rechaza el argumento según el cual la privatización del sistema eléctrico mexicano era necesario, porque las fuerzas del Estado son incapaces de responder a la demanda creciente de energía. El “excedente eléctrico” se destina en gran parte a los sectores industriales, “encabezados por el capital trasnacional”, apunta.

Ejemplo de ello, sostiene, es la modalidad de “autoabastecimiento”, a través de la cual un grupo de empresas se asocia para construir un proyecto eléctrico y se adueña de la energía producida, que puede enviar a sus propias fábricas y centros de actividad.

“Esta modalidad ha sido ampliamente aprovechada por oligopolios”, denuncia tras enlistar a los principales socios de las centrales de autogeneración eléctrica, entre ellos las cementeras Holcim y Cemex, la siderúrgica Ternium, las mineras Grupo México, Grupo Ferrero Minero e Industrias Peñoles, así como las embotelladoras Femsa y Pepsico.

Fuente: El Proceso