Minería

En los últimos 10 años los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos de Honduras, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de bienes comunes.

"El ejercicio de este derecho ha sido en los últimos años el único mecanismo que ha logrado frenar, de alguna manera, el crecimiento desmedido de la exploración y explotación de recursos naturales del subsuelo, en detrimento del medio ambiente, la vocación agrícola y la tradición de vida en las zonas de posible actividad minera a gran escala".

"Los daños se presentarán a corto plazo en la contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área y a mediano plazo se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas. La afectación no solo va a manifestarse en la contaminación de las aguas, sino que también su efecto va a cortar radicalmente el sistema de subsistencia desde donde la población Shawi se alimenta diariamente."

La Corte Provincial de justicia de Azuay encabezada por el juez Paúl Serrano aceptó la adopción de medidas cautelares que paralizan el proyecto conocido como Río Blanco.

"Nos hemos organizado a lo largo y ancho de la región del Magdalena Medio, no solo para oponernos a estos proyectos de despojo y destrucción, sino además y fundamentalmente, para construir proyectos comunes para la vida digna en armonía con la naturaleza."

Há poucos dias do Encontro Nacional do MAM, Magno Costa, dirigente do movimento na Bahia ressalta na entrevista abaixo, a importância de nacionalizar uma organização para combater o problema mineral no país.

La abogada y activista ganó el Premio Medioambiental Goldman. Hablamos con ella para tratar de entender a esa mujer que encabezó una marcha de 10 días con 80 mujeres, de Cauca a Bogotá, para exigirle al gobierno que prohibiera la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales.

"El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas. A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado."