Minería

En el sur de Perú, en la provincia de Espinar, departamento de Cuzco, se encuentran los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay, de propiedad de la transnacional Glencore Xstrata –denunciada internacionalmente por contaminar el agua, destruir territorios y promover la violencia y la represión para proteger sus intereses.

"Somos un proceso socio-ambiental que camina firme por varias regiones de Colombia y el mundo entero, una muestra de la dignidad y la esperanza de la gente que confronta la cultura de muerte y la codicia minero-energética. A pesar de este importante momento no hay que bajar la guardia. No podemos perder de vista que nuestra historia republicana se ha forjado en medio del crimen y el dolor que reproducen un sistema diseñado para explotar seres humanos y expropiar los territorios."

"Nos manifestamos en alerta y movilización permanente ante el avance obsceno de los intereses transnacionales megamineros, que se mueven inescrupulosamente de la mano de gobernantes corruptos, de todos los estamentos del Estado, que avalan y acompañan el ilegal intento de habilitar la megaminería en nuestra provincia."

"Hay que entender que la minería del litio es la minería del agua. Lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama, evaporarla y lo que queda es el litio y otros minerales. La escasez de agua que hay en la zona es enorme".

Las y los invitamos a ver este cortodocumental sobre los impactos socio-ambientales de la mina Marlín en San Miguel Ixtahucán, San Marcos.

"54 organizaciones de Guatemala, América Latina, los Estados Unidos, Canadá y Europa entregaron una carta al embajador de los EEUU en Guatemala, Luis Arreaga. Las organizaciones expresaron su preocupación ante la intervención del gobierno de los EEUU acerca del caso en contra de la mina de plata de Tahoe Resources, un proyecto asociado con numerosos y bien documentadas violaciones de derechos humanos".

"Después de muchos años de lucha se logró, el 29 de marzo del año 2017, la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica. Sin embargo, como ya es una realidad común el solo hecho de tener una ley no garantiza la tutela efectiva de un bien o derecho a proteger. Este es el motivo de que la lucha continúe, para implementar adecuadamente los contenidos de la ley".

"El alcalde de Olanchito, José Tomás Ponce, asegura que como corporación municipal respetarán la decisión soberana que ha tomado la ciudadanía, porque la misma significa salvaguardar la salud y vida de la población. La declaratoria fue por unanimidad. Sentimos el respaldo del pueblo y respetaremos esa decisión tomada, expresó el edil"