Colombia: Multinacional minera amenaza con desplazar a 450 familias de Quinchía - Risaralda

Con la usurpación del territorio ancestral de la comunidad indígena Embera Karambá y de cientos de familias campesinas, la multinacional espera adelantar un inmenso proyecto de explotación minera que abarcará 6.043 hectáreas, lo que constituye el 80% del municipio de Quinchía, con un irreparable costo social y ambiental para la región.

Con una serie de estratagemas legales, en las que está involucrada la Agencia Nacional Minera, la Personería y la Alcaldía Municipal de Quinchía, se presiona por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y campesinas. Con un amparo interpuesto por la multinacional METMINCO a la Agencia Nacional Minera se ordenó el cierre, la incautación de las herramientas de trabajo, y el desalojo de los mineros artesanales que han venido trabajando desde hace más de 150 años en la zona. Por otro lado, la multinacional ha realizado actividades de exploración con dinamita, lo que generó grave daño ambiental a la zona montañosa de Miraflores, entre ellos la destrucción de dos micro-cuencas que abastecían de agua a las veredas. Luego de los daños ambientales no se dio la suspensión de la licencia ambiental, por el contrario la multinacional presentó denuncia ante la Personería alegando alto riesgo de deslizamiento en la zona de Miraflores, daño que ellos mismos generaron, por lo que el 24 de mayo la Alcaldía Municipal de Quinchía ordenó el desalojo de 450 familias de la zona. Se quiere justificar el desalojo bajo la presunción de un posible deslizamiento de tierra, pero en realidad se trata de una estrategia legal para obligar al desplazamiento forzado de las familias, lo que permitirá iniciar en Miraflores las obras para la construcción de dos túneles exploratorios, cada uno de dos kilómetros de largo, al interior de la montaña.

Pero el drama del desplazamiento forzado en Quinchía no es algo nuevo, la planificación para la explotación del Bloque Aurífero del Cauca Medio, que involucra proyectos de explotación minera como el de La Colosa en Cajamarca, lleva décadas de planificación. Por un lado se encuentran los largos años de estudios de factibilidad técnica y financiera, la adquisición de los permisos y títulos legales de explotación que corresponden a 11 títulos mineros otorgados entre el 2008 y el 2013 pero, de manera paralela, se encuentran los procesos de violencia, las masacres y los asesinatos, para generar el desplazamiento forzado y el despojo de tierras de las comunidades indígenas y campesinas, necesarios para la realización de la explotación minera.

Como sucedió en casi todo el país, la intensa violencia paramilitar que se desató en Colombia de 1996 al 2003, funcionó como una maquinaria para el despojo de tierras y la posterior imposición de grandes megaproyectos. En el Chocó y el Urabá antioqueño la violencia antecedió la imposición de grandes cultivos agroindustriales de banano y palma de aceite, en el bajo Cauca antioqueño la violencia paramilitar antecedió la imposición de la Hidroeléctrica de Ituango, mientras que en Quichía las masacres y los asesinatos antecedieron la imposición del megaproyecto de explotación minera de oro y plata. Para mayo del 2002, el Frente Miraflores del Guáutica, adscrito al Bloque Central Bolívar, comandado por John Fredy Vega Reyes, alias “tiburón”, recorrió las veredas de Quinchía, en una acción paramilitar que dejó como saldo el asesinato de 6 campesinos. Pocos meses después, entre el 22 y el 25 de octubre del 2002, el mismo comando paramilitar asesinó a otras 9 personas por su paso por las veredas del Naranjal, entre ellos perdieron la vida dos indígenas de la comunidad Karambá. Luego del asesinato selectivo de 3 luchadores sociales en el 2003, y del desplazamiento masivo de la zona, la violencia obligó a que la Asociación de Mineros de Miraflores se viera obligada a “ceder” el título minero 010-87m a la Compañía Minera Miraflores, filial de la multinacional METMINCO.

La historia de sangre y despojo que se encuentra detrás de la imposición de la multinacional METMICO está directamente relacionada con la nueva victimización de las comunidades indígenas y campesinas en Quinchía, puesto que la “cesión” de los títulos de explotación minera del 2003, fue un acto ilegal e ilegítimo, no sólo por la violencia paramilitar que presionó tal cesión, sino porque los títulos originales fueron aportes del Gobierno Nacional a la comunidad y no son susceptibles de cesión alguna, por lo que la multinacional ha tenido que utilizar nuevos recursos para presionar el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas de Quinchía.

La orden de desalojo emitida por la Alcaldía Municipal de Quinchía se debía ejecutar para el 13 de junio del presente año, sin embrago, pese a la militarización de la zona, el desalojo no se concretó, por lo que las 450 familias de campesinos, indígenas y mineros artesanales se encuentran en un permanente estado de zozobra. Pese a sentirse amenazadas las comunidades de Quinchía se encuentran en pie de lucha en defensa del agua y el territorio, reclaman la solidaridad de todas las organizaciones sociales y populares, como de la opinión pública en general para seguir su lucha por su derecho al territorio después de siglos de permanencia.

Fuente: CEP - Enraizando