Minería

"Desde la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería, nos solidarizamos con la población de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y el resto de las comunidades afectadas por este siniestro, el cual sin duda, pone en riesgo la vida, destruye los ecosistemas y atenta contra el territorio, mostrando una vez más, la total responsabilidad que tienen las empresas extractivas, así como desnuda y evidencia la complicidad de las autoridades estatales y federales que claramente operan en contra de las comunidades y los ecosistemas".

"A la Oficina del Relator de Defensores y Defensores de Derechos Humanos, Víctor Atencio Gómez, de la Defensoría del Pueblo de Panamá, se aproximaron los dirigentes comunitarios Willy Ábrego y Martín Rodríguez, a enfatizar desde la sociedad civil, que no hay respuesta del Estado para mitigar el acoso, los ataques, o detener las demandas que enfrentan porque el sistema general de cumplimiento sigue siendo inoperante y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección"

Mendoza está en ebullición. Una de las leyes pilares de la provincia la 7722 que protege el agua de la megaminería hidrotóxica se ve amenazada por el proyecto de modificación del senador Alejandro Abraham de Unidad Ciudadana donde se mantiene la prohibición al cianuro, pero se elimina el texto que señala “otras sustancias similares”, permitiendo el uso de xantatos y otrás sustancias y técnicas nocivas para el medio ambiente. 

Activistas y expertos mexicanos, así como de países de Centroamérica y Sudamérica, participarán como miembros del jurado en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras, que se desarrollará desde el próximo jueves en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña.

"El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana".

"La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinnúmero de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y criminalización de los defensores de los bienes comunes".

"La delegación comprobó el aumento de campamentos mineros y diez motores con sus respectivas tuberías y alfombras instaladas en medio de los aguajales. Estas instalaciones, según los dirigentes comunales, destruyen los aguajales y los suris, animales que se encuentran en estos árboles".

La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas. El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.