Honduras: Resistencia en Guapinol y explotación de óxido de hierro en áreas protegidas

En un escenario de guerra de baja intensidad, que se ha venido desarrollando en la última década en el Valle del Aguan, la empresa Pinares, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez, viene destruyendo el río Guapinol, esencial para la sobrevivencia de más de diez comunidades ubicadas en el municipio de Tocoa; el campamento de resistencia a la minería en la cuenca del río Guapinol cumple 63 de días, dando al pueblo hondureño una lección de amor a la madre tierra y de rechazo a la política estatal de mercantilización y destrucción de la madre tierra, promovida por la élite de poder feudal que está rematando los bienes comunes y el futuro de nuestro país.

En este caso, es la minería de óxido de hierro, una de las más destructivas y con un margen de ganancia mínimo ante el irrisorio precio en el mercado internacional. La explotación de óxido de hierro es una de las más destructivas del rubro de la minería y tiene un margen de ganancia muy estrecho que no compensa la enorme destrucción ambiental generada.

La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinnúmero  de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y criminalización de los defensores de los bienes comunes.

Con la emisión de la segunda Ley de Minería (Decreto Ejecutivo 473-2004) se creo el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMINH), autoridad minera responsable de las concesiones de zonas mineras en el territorio nacional. Entre otras la Ley de Minería vigente, determino las denominadas “zonas de exclusión de derecho mineros”, que incluyen: áreas protegidas, zonas productoras de agua, zonas de recuperación y mitigación ambiental, zonas declaradas como patrimonio ambiental, entre otras.

Casualmente la minera Pinares esta destruyendo fuentes de aguas y se encuentra dentro del Parque Nacional Carlos Escalera; sin embrago durante la administración Lobo, se concedió la licencia ambiental para proceder a las destrucción de la montaña Boatederos, la que fue convertida en área protegida en el 2012 cubriendo 23, 223 hectaréas. Para el 2013 el Congreso Nacional bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, modificó el decreto para sustraer 217.34 que forman parte de la concesión otorgada a Facusse y su esposo.

En la actualidad existe una política de estado destinada a limitar el territorio de las áreas protegidas y abrirlas a proyectos ecocidas. La nueva Ley de Incentivos para el Turismo, es contundente al respecto en su Apartado 3, artículo 3, dando apertura al uso de inversiones en territorios que han sido “protegidos” durante décadas.

Con el acuerdo Ministerial 1402-2018 emitido el pasado 17 de agosto, con el cual se pretende crear un manto de silencio alrededor de las licencias ambientales, alegando proteger con dicho acuerdo la propiedad intelectual sobre los proyectos que solicitan las licencias ante el Ministerio del Ambiente (MIAMBIENTE); además de la nueva plataforma que tardará 30 segundos en tomar la decisión sobre las licencias ambientales; es de temer que se avecina una avalancha de emisión de cuestionables licencias ambientales, las que serán concedidas con medidas de silencio para así mantener desinformadas a las comunidades que serán afectadas por las determinaciones de MIAMBIENTE.

Las acusaciones por parte del ministro de la Presidencia Eball Díaz de señalar públicamente que “fuerzas ideológicas financiadas desde el extranjero serían responsables de boicotear la inversión en Honduras”, en referencia al campamento de resistencia en Guapinol; así como la creación de una fuerza de tarea destinada a ”solucionar conflictos en el sector minero”, son amenazas dirigidas contra el campamento de resistencia en Guapinol y a los protectores de los bienes comunes en general.

La actitud asumida desde la municipalidad de Tocoa, pasando por MIAMBIENTE, Ministerio Público y fuerzas de seguridad de darle continuidad a un proyecto de muerte que afecta al valle de Aguan, es una muestra de la mentalidad colonialista que persiste en Honduras. El óxido de hierro genera destrucción y las ganancias son irrisorias hasta el punto que en julio de 2017, Dania Baca, subdirectora de investigaciones de INHGEOMIN indico que ese mineral ya había salido de los cuadros de exportación del sector minero, ante el bajo precio en el mercado internacional, siendo el precio de $57 por tonelada no es rentable para las compañías mineras.

Nos preguntamos, hasta cuando los tomadores de decisión de este país, mostraran un poco de cordura e inteligencia o es que se les olvida que Honduras ocupa uno de los puestos mas altos en vulnerabilidad ante el cambio climático y en asesinatos de defensores de la madre tierra.

Fuente: OFRANEH