Extractivismo

La provincia patagónica tiene lo necesario para producir alimentos en cantidad y calidad: agua, tierras y productores con la experiencia y el deseo de sembrar y criar animales, pero los gobiernos apuestan todo a la explotación petrolera, la megaminería y el monocultivo forestal. La agroecología y el comercio justo muestran que es posible otro modelo.

Álvaro Álvarez es Doctor en Geografía (UNLP), docente de Geografía Económica y Geografía de América Latina en FCH-UNCPBA. Es Magíster en Ciencias Sociales y Licenciado en Relaciones Internacionales por la misma facultad. Integra el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Investiga temas vinculados al estudio de la infraestructura extractivista, donde enfatiza el rol de los movimientos socioambientales en las disputas por el territorio. Recientemente publicó el libro “Infraestructura de transporte y disputas territoriales. La IIRSA en Santa Fe”, un estudio crítico sobre las megaobras de infraestructura en la región, su relación con el capitalismo, el agronegocio y los impactos socioambientales, haciendo hincapié en el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ambiente en Lucha dialogó con él sobre estos y otros temas.

Uno de los artículos más completos sobre la degradación de la Amazonía y sus impactos acaba de publicarse en la revista Science. Sumada a la deforestación, la degradación es otro de los grandes enemigos de este bosque tropical. El estudio aborda cuatro perturbaciones inducidas por el hombre que causan degradación: sequías extremas, efectos de borde resultantes de la fragmentación del hábitat, extracción de madera e incendios forestales. Al analizar los datos entre el 2001 y el 2018, los investigadores encontraron que el 38 % de los bosques amazónicos se encuentran degradados.

Según la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que los humedales sólo cubren aproximadamente seis por ciento de la superficie terrestre, son el hábitat de 40 por ciento de las especies de plantas y animales. Sin embargo, desaparecen tres veces más rápido que los bosques.

Según un informe divulgado por la ONG ecologista Greenpeace revelan que durante 2022 la deforestación en el norte alcanzó a más de 110.000 hectáreas, destacándose la ilegalidad de todos los desmontes que se realizaron en Chaco, suspendidos por la justicia provincial, y del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Asimismo los incendios forestales y rurales afectaron 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy. «Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad: se deben prohibir y penalizar tanto desmontes como incendios forestales» dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La Asamblea de Lucha Socioambiental recolectó firmas para el proyecto que busca frenar los desmontes por 35 años y prohibir la utilización del agua a toda actividad que implique un peligro para la biodiversidad y la población. La iniciativa popular será presentada cuando se inicie el año legislativo.

Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los "recursos naturales". Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo y un modelo que consolida la dependencia.

La nueva decisión fue dada a conocer el miércoles por los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel -convocados en medio de la feria judicial- lo que permitirá que las empresas contratadas puedan realizar los trabajos de retrospección sobre el Mar Argentino y permitirá conocer si hay hidrocarburos en la zona CAN 103.