Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

En muchos rincones del continente se multiplican encuentros de colectivos autónomos y comunitarios, dejando atrás los momentos más duros del aislamiento, dispuestos a reencontrase y moverse otra vez para romper el aislamiento y seguir resistiendo los megaproyectos de muerte.

La Red Puna, que nuclea a comunidades indígenas y cooperativas de Jujuy, denuncia el incumplimiento de la Ley 26.160 y alerta que eso beneficia, en su región, a las empresas mineras. Sancionada en 2006, se debían relevar todos los territorios indígenas y suspender los desalojos. La falta de prorroga en el Congreso y el Decreto Presidencial.

Área está sendo invadida por grileiros e famílias não quilombolas, após dez anos de decreto presidencial.

Un grupo de organizaciones ecologistas y ambientalistas presentaron una Acción Pública de Inconstitucionalidad de varias normas del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que tienen relación con los manglares, monocultivos, los derechos de la naturaleza y sobre la regulación del derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. La Corte Constitucional, aceptó parcialmente la demanda y el 8 de septiembre de 2021 declaró que los manglares tienen derechos. La Decisión de la Corte fue de suma importancia al reconocer que los ecosistemas del manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y tienen derecho a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

"Los agronegocios impulsan más monocultivos, más invernaderos, más apropiación de bosques y fuentes de agua, sin darse cuenta que tarde o temprano los efectos pueden ser irreversibles. Ahora lo extreman todo con la digitalización y automatización de la agricultura".

Los habitantes de Cherán se preocupaban no solo por los daños medioambientales, sino también por los cárteles de droga, que se veían atraídos por el negocio fructífero, dedicándose a la extorsión violenta.

El pasado 21 de enero, el Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, concedió un amparo a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en la zona sierra-costa del municipio de Chinicuila, contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía de títulos de concesión minera, por estimar que con ello se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada.

Con la participación de pobladores y pobladoras de diferentes comunidades campesinas e indígenas del Departamento de Caaguazú se dio la reocupación de las tierras de Hugua Po’i. Las familias indígenas del pueblo Mbya Guaraní que habitaban el territorio habían sido desalojadas el pasado 18 de noviembre con un enorme operativo policial.