Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Desde comienzos del presente milenio en Argentina ha tenido lugar un proceso de cambio destacable debido a la emergencia de conflictos ambientales que ponen en discusión al acceso, la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los recursos naturales en diferentes regiones del país. 

En las últimas semanas, el gobierno de México realizó un simulacro de gran alcance. No para prevenirse ante sismos, sino para hacer creer a la población de todo el país, y especialmente a la del Sureste, que se realizaron consultas a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya y que decenas de miles de personas -indígenas y otros- dieron su aprobación al proyecto, lo cual es un acto avanzado de manipulación y falseamiento de la realidad.

Há uma semana, cerca de 300 camponeses sem-terra fazem um ato contra ameaças de despejos solicitados pelo governo do Paraná em Cascavel, na região oeste do estado. Segundo lideranças populares da região, a Justiça autorizou, a pedido do governador Ratinho Júnior (PSD), a reintegração de posse do complexo de fazendas Cajati, onde vivem mais de 200 famílias acampadas há cerca de duas décadas. Elas pedem a suspensão imediata da decisão.

Las barriadas populares en verano padecen escasez de agua, baja inversión en obras y falta de planificación, lo cual, sumado a la discriminación territorial, pintan una gran desigualdad, entre los que tienen jardines y piletas de natación, y quienes ni siquiera pueden acceder al agua para cocinar sus alimentos.

Otra vez para los pueblos originarios de México es hora de los espejismos. Sí, de los espejitos también. Y a pesar de la cantidad de engaños, trampas y decepciones que han recibido siempre de los gobernantes desde la conquista ibérica y la unificación cartográfica del territorio colonial-nacional, hoy nuevamente están obligados a convencerse de que el desarrollo en clave capitalista (entintada en populismo) es lo mejor que les puede pasar.

A poco más de una semana de haber sido aprobada, se derogó la Ley 9209 que modificaba la Ley 7722 que protegía a Mendoza de la megaminería. Conmovida por una pueblada a nivel provincial, casi la totalidad de la dirigencia política tuvo que dar marcha atrás con los proyectos mineros que amenazaban el agua. Con una sesión express, se aprobó en el Senado con 34 votos afimativos y 2 en contra. Inmediatamente se inició la sesión en la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera» y por lo tanto vuelve a regir la 7722. 

"La marcha recorre la Ruta 40 como columna vertebral de una lucha que nunca claudicó, ni siquiera en los momentos más complejos. El abanico es amplio y variopinto. Nadie se queda afuera. Mientras tanto, el lobby minero junto al gobernador Rodolfo Suárez hacen malabares por estas horas para sostener una reforma de la ley 7722, que nunca tendrían que haber tocado".

Desde el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley N.º 7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo record en el 20 de diciembre.