Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

“Nos embarga la tristeza y el coraje ante el asesinato del compañero Jehry Rivera”, afirman el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Rio Verde (COPUDEVER) y Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA). 

Desde hace semanas toda la Argentina está sacudida y conmovida por una tragedia que no es nueva pero que esta vez ha ocupado, transitoriamente, las tapas de los diarios: en lo que va del año, nueve niños del pueblo wichi fallecieron por desnutrición y falta de agua potable [1]. Probablemente en algunas semanas la noticia pasará a segundo plano y otros titulares menos trascendentes ocupen su lugar. La ocasión, sin embargo, es propicia para, más allá de repudiar lo que está ocurriendo, pensar en sus causas y sobre todo en formular y ejecutar políticas para que esto no ocurra nunca más.

Las organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, denunciamos públicamente ante la comunidad nacional e internacional la cada vez más lamentable ausencia de garantías para el cumplimiento de no repetición del conflicto armado en el país, una vez firmados los acuerdos de paz entre el estado colombiano y las FARC.

El asesinato de Jerhy Rivera, en San Antonio de Terraba este lunes 24 de febrero del 2020, es un crimen que repudiamos por tratarse de una de muchas agresiones y acciones violentas inspiradas por el racismo que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica.

“Hoy más que nunca el capitalismo se crece sobre la guerra y el despojo de todas las formas de vida. Los malos gobiernos y las grandes empresas capitalistas, con nombre y apellido cada uno de ellos, pretenden invisibilizar nuestras luchas en defensa del territorio y la madre tierra, normalizando incluso el asesinato de nuestros hermanos que los defienden”, expresaban las comunidades indígenas convocantes el pasado mes de enero, al mismo tiempo que exigían justicia por los asesinatos de los luchadores sociales asesinados".

La Misión observó audiencias relacionadas al proceso judicial entre julio de 2018 hasta que se dictó la sentencia el 2 de diciembre de 2019. A raíz de este proceso, 15 de las organizaciones que conformaron la Misión recogen sus hallazgos, así como recomendaciones para Estado de Honduras, en el presente informe.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció que nuevamente sus líderes sociales son amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras y exige al gobierno de Iván Duque garantías de protección integral.

Los recursos del medioambiente no son los únicos en riesgo. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado alrededor de 12 activistas, entre ellos ambientales, en estados como Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, etcétera.