Informe ejecutivo de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres
La Misión observó audiencias relacionadas al proceso judicial entre julio de 2018 hasta que se dictó la sentencia el 2 de diciembre de 2019. A raíz de este proceso, 15 de las organizaciones que conformaron la Misión recogen sus hallazgos, así como recomendaciones para Estado de Honduras, en el presente informe.
La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres fue constituida en julio 2018 por organizaciones nacionales e internacionales y personas expertas en derechos humanos y derecho internacional y nacional. Tuvo como objetivo observar el cumplimiento del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas durante el juicio de las primeras ocho personas procesadas por el asesinato, el 2 de marzo de 2016, de Berta Cáceres, lideresa social desde su organización de base, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, que se encontraba en la casa de Berta al momento del asesinato. La Misión observó audiencias relacionadas al proceso judicial entre julio de 2018 hasta que se dictó la sentencia el 2 de diciembre de 2019. A raíz de este proceso, 15 de las organizaciones que conformaron la Misión recogen sus hallazgos, así como recomendaciones para Estado de Honduras, en el presente informe.
Berta Cáceres luchó para promover y proteger los derechos ancestrales y ambientales de las más de 200 comunidades indígenas organizadas en el COPINH, organización que ella co-fundó y encabezaba en el momento de su asesinato. Como consecuencia de su liderazgo y de la defensa colectiva de los derechos del pueblo Lenca, Berta y miembros del COPINH enfrentaron amenazas, criminalización, campañas de difamación y actos de violencia, incluyendo asesinatos. Pese a las amenazas que recibieron y denunciaron, persistieron en sus esfuerzos para lograr la cancelación de la concesión del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) a pesar de no tener el consentimiento ni consulta libre, previa e informada del pueblo Lenca en cuyo territorio se encontraba el proyecto. El proyecto tuvo financiamiento de bancos nacionales y de desarrollo internacional, además de contar con el apoyo de la cooperación internacional de EEUU.
El asesinato de Berta Cáceres afectó tanto a las víctimas directas como a la sociedad en su conjunto y por eso la búsqueda de la verdad y la justicia integral es indispensable. El primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres es un referente para la sociedad hondureña y la comunidad internacional por la relevancia del trabajo de Berta como defensora de derechos humanos y lideresa indígena Lenca, su reconocimiento internacional y por la gravedad del contexto en que se generó su asesinato. Aunque los avances en el enjuiciamiento de los autores intelectuales parecen estar estancados, el juicio de los primeros ocho procesados representa uno de los pocos casos en Honduras donde se ha llegado a una sentencia condenatoria por el asesinato de una persona indígena y defensora de los derechos humanos. La investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables del asesinato de personas defensoras de los derechos humanos, precisamente por ese papel, debe ser la norma y no la excepción.
El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo para representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña.
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