Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El asesinato de Jerhy Rivera, en San Antonio de Terraba este lunes 24 de febrero del 2020, es un crimen que repudiamos por tratarse de una de muchas agresiones y acciones violentas inspiradas por el racismo que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica.

“Hoy más que nunca el capitalismo se crece sobre la guerra y el despojo de todas las formas de vida. Los malos gobiernos y las grandes empresas capitalistas, con nombre y apellido cada uno de ellos, pretenden invisibilizar nuestras luchas en defensa del territorio y la madre tierra, normalizando incluso el asesinato de nuestros hermanos que los defienden”, expresaban las comunidades indígenas convocantes el pasado mes de enero, al mismo tiempo que exigían justicia por los asesinatos de los luchadores sociales asesinados".

La Misión observó audiencias relacionadas al proceso judicial entre julio de 2018 hasta que se dictó la sentencia el 2 de diciembre de 2019. A raíz de este proceso, 15 de las organizaciones que conformaron la Misión recogen sus hallazgos, así como recomendaciones para Estado de Honduras, en el presente informe.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció que nuevamente sus líderes sociales son amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras y exige al gobierno de Iván Duque garantías de protección integral.

Los recursos del medioambiente no son los únicos en riesgo. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado alrededor de 12 activistas, entre ellos ambientales, en estados como Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, etcétera.

Este lunes 3 de febrero, ya cumplidos los 47 meses del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público una declaración suscrita por más de 500 organizaciones y además cientos de personas de todo el mundo, exigiendo respuestas ante la falta de acción y sanción sobre la clara responsabilidad de los autores intelectuales del crimen.

“Los que deberían estar en estos lugares son las personas que están matando, que están asesinando nuestros ríos, que están cortando los árboles, ellos son los que deberían estar rindiendo cuentas por lo que han hecho, principalmente estas empresas del Corredor Industrial Huejotzingo”, dijo el defensor ambiental Miguel López Vega luego de salir libre de la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, donde este miércoles se llevó a cabo una audiencia en la que no pudieron comprobar los delitos fabricados por los que fue detenido el 24 de enero en Zacatepec.

La historia de Homero Gómez González es singular: después de ser un duro opositor de la creación de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca se transformó en uno de los más entusiastas promotores de la conservación de los bosques de oyamel e impulsor del desarrollo sustentable de las comunidades.