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Un nota imprescindible, que resume por qué es tan importante esta demanda colectiva que se inició en Estados Unidos contra Monsanto, que reveló hasta ahora ese proceso judicial y qué está en juego. Y revela un detalle extraordinario: es historia se inició cuando en 1970 un químico le vendió por 5 dólares a su patrón la patente de su descubrimiento, el glifosato.

Correos electrónicos gubernamentales – recientemente conocidos públicamente- dan cuenta del constante esfuerzo realizado por varios funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para ralentizar la revisión de seguridad por parte de una agencia federal sobre el herbicida más vendido de Monsanto.

Una publicación de correos electrónicos internos reveló que el gigante agroquímico estadounidense Monsanto manipuló los estudios sobre el herbicida de la compañía, Roundup. Los expertos creen que el producto causa cáncer, y las consecuencias para la compañía podrían ser nefastas.

A través de un contador, adquirió los contratos a la española Isolux en 2016. Meses más tarde, los traspasó a Genneia y a los chinos, haciendo una diferencia de al menos US$ 15 millones.

Organizaciones campesinas, plataformas ciudadanas y ONGs del Cono Sur y Alemania se encontraron en la Cumbre de los Pueblos contra la OMC para evaluar los impactos generados por el modelo de agricultura empresarial sobre los pueblos del Cono Sur de las Américas.

Seminario en el marco de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Lunes 11 de diciembre de 14 a 20 hs. en Santiago del Estero 1029, Barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires –AULA HU207. Nos convocamos para compartir las experiencias y tender puentes para conocernos, articularnos y fortalecer nuestra acción.

El jefe del Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura de Armenia, Ishkhan Karapetyan, considera irrazonable vender alimentos transgénicos en el país.

El objetivo principal de esta investigación realizada durante el presente año 2017 es evidenciar, a través del caso paradigmático de Guatemala, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas clases, élites y estructuras.