Acaparamiento de tierras

El gobernador Rodolfo Suárez entregó por decreto 12.351 hectáreas a un grupo empresario. Se trata de tierras fiscales que incluyen glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales. La empresa beneficiada, El Azufre Sociedad Anónima, fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos.

Los datos del INPE confirman una tendencia creciente de devastación observada desde el inicio del gobierno Bolsonaro.

Santiago del Estero encabeza el ranking; allí el 80% de los desmontes son ilegales porque se realizan en zonas no permitidas por la Ley de Bosques.

La deforestación producto de la minería de oro aumentó un 90% en el suroeste de la región Madre de Dios, situada en la zona oriental de la Amazonía peruana. Así lo revela un estudio científico que muestra cómo la actividad minera pasó de generar 4% de las pérdidas de bosque a un 105% en 19 años, desde 1999 a 2018.

Este foi o terceiro ano consecutivo a atingir acima de 8 mil km² nos alertas de desmatamento. A reportagem é publicada por Portal Amazônia.

El Congreso colombiano no debatió el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú y lo archivó. Aunque se volvió a presentar, los expertos consultados creen que se hundirá de nuevo, a pesar de que, por segundo año consecutivo, Colombia lidera el listado de los países donde más se asesinan defensores ambientales. El gobierno prevé una disminución en la deforestación para este año, pero esto no sería suficiente para indicar que la tendencia al alza se ha revertido.

La ONU lucha contra la pobreza y el hambre. Sin embargo, programas como el PNUD, el PMA y Unicef, no prestan la necesaria atención al comportamiento de las empresas con las que trabajan. El Grupo Bolloré, uno de sus mayores proveedores de servicios, está acusado de corrupción y, a través de una filial, de acaparar tierras.

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.